La Cámara de Diputados aprobó ayer el nuevo marco legal en materia laboral que, según expresaron las distintas bancadas, va en sintonía no sólo con las disposiciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sino también con el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre libertad sindical.

Con matices, todos los partidos expresaron su respaldo a la reforma, incluso los dirigentes obreros que se verán sometidos a una realidad de elección por voto directo, personal, libre y secreto, y a límites en el periodo de conciliación anterior a la huelga, para evitar que los conflictos se alarguen artificialmente.

En ese ánimo, el dictamen fue aprobado por 417 votos en favor de todos los partidos, aunque Movimiento Ciudadano se abstuvo con el argumento de que votar en este momento la reforma somete a la Cámara a un texto acordado en el marco de la relación con Estados Unidos y Canadá, además de que el dictamen no consideró su impacto presupuestal

La discusión del documento se prolongó casi nueve horas, en un salón de sesiones que lució semi vacío.

Desde la perspectiva de Morena, la reforma es de vanguardia en materia de democracia en los sindicatos y el nuevo esquema de conciliación obligatoria, antes de que los asuntos lleguen a los tribunales especializados.

A lo largo de la revisión del dictamen, el pleno aceptó algunas reservas, en su mayoría las que negoció el PAN con Morena. Así, se hizo un cambio respecto a la temporalidad del proceso de prehuelga y huelga.

En tribuna, el panista Fernando Torres Graciano presentó una reserva para determinar que después de emplazado el patrón, a petición del gremio se podrá prorrogar o ampliar el periodo de prehuelga por una sola ocasión hasta por 30 días, con la finalidad de buscar un acuerdo conciliatorio.

Sólo se podrá dar un plazo mayor en caso de empresas o instituciones que dependan de recursos públicos o si el tribunal en materia laboral considera que existe causa que lo justifique. Además, cuando el contrato colectivo o el convenio de revisión no sean aprobados por los trabajadores, el sindicato podrá alargar el periodo de prehuelga hasta por 15 días, o si hay circunstancias que lo ameriten se podrá autorizar hasta por un máximo de 30 días, siempre y cuando el gremio lo solicite y justifique.

La modificación también considera que las partes podrán prorrogar o ampliar el periodo de pre huelga con el propósito de llegar a un acuerdo conciliatorio; no obstante, no podrá tener una duración que afecte derechos de terceros.

Se incluyeron otras tres modificaciones del blanquiazul: definir que las empresas podrán descontar las cuotas sindicales siempre y cuando el trabajador haya expresado su consentimiento por escrito; imponer multas a las mineras que, por omisión, causen la muerte de uno o varios trabajadores, y que si un sindicato aplica una sanción a un trabajador, no afectará su permanencia en el empleo.

La mayoría de las 104 propuestas de modificación se desechó, incluso un dislate que priístas y panistas detectaron en el artículo 371, que se refiere a la elección democrática de los dirigentes gremiales, donde se repiten dos conceptos.

De esta forma, el citado artículo quedó así: la elección de la directiva y secciones sindicales se llevará a cabo mediante el ejercicio del voto directo, personal, libre, directo (sic) y secreto.

El pleno desechó todas las solicitudes de los priístas del sector obrero. Isaías González, dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) terminó por admitir que los tiempos han cambiado y los sindicatos ya no se pueden oponer a la libre elección.

En la tribuna, Enrique Ochoa Reza (PRI) afirmó que la nueva legislación resulta del legado de la reforma constitucional que Enrique Peña Nieto envió el sexenio pasado.

Sin embargo, dijo que el tricolor detectó en la redacción del dictamen algunas manzanas envenenadas que llegaron ahí por prisa, omisión o por una perversa intención.

Citó que falta un artículo transitorio que defina con claridad el respeto a los contratos colectivos y el reconocimiento de los sindicatos; el hecho de que en la Constitución sólo obliga al voto personal, libre y secreto en las decisiones sindicales, pero no se refiere al directo, y la inaceptable intromisión de la autoridad en la vida sindical, con la verificación de los procesos de elección, entre otros.

El PT reclamó que se dejó fuera eliminar el esquema de subcontratación, y aunque por ello acordó votar en contra, finalmente avaló la reforma porque Morena le prometió abordar el tema en septiembre.