Ginebra. Más de 60 mil personas se fueron de Nicaragua en el último año por la crisis, aseguró este martes el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), al tiempo que Michelle Bachelet, la alta comisionada para los Derechos Humanos del organismo mundial, manifestó su preocupación por un posible resurgimiento de la violencia en la nación centroamericana.

Organismos de derechos humanos calculan que entre 50 mil y 80 mil personas huyeron de Nicaragua por la violencia y el desempleo, luego de la represión a las protestas antigubernamentales que comenzaron el 18 de abril del año pasado.

El Acnur estimó en 62 mil las personas que huyeron a países vecinos y afirmó que más de 55 mil ingresaron a Costa Rica.

Estudiantes, ex funcionarios, figuras de la oposición, periodistas, defensores de los derechos humanos y campesinos han solicitado asilo en Costa Rica, añadió el Acnur.

En San Salvador, Bachelet dijo que le preocupa que las protestas convocadas para los próximos días puedan desencadenar otra reacción violenta y apremió al gobierno de Nicaragua a asegurarse de que sus fuerzas de seguridad garanticen los espacios para la reunión pacífica y el intercambio de ideas. También pidió evitar el uso excesivo de la fuerza, en momentos en que la policía dio a conocer que no autorizó una gran marcha nacional para este jueves, al cumplirse un año del inicio de las protestas.

Nicaragua vive una crisis política desde mediados de abril de 2018, cuando una reforma al sistema del Seguro Social desató violentas protestas contra la administración del presidente Daniel Ortega.

Según cifras dadas este martes por Bachelet, las movilizaciones han provocado más de 300 muertos, unos 2 mil heridos y cientos de detenidos.

Por lo pronto, el gobierno de Nicaragua anunció la excarcelación de 636 personas, de las cuales 36 estaban en la lista de presos políticos que había presentado la oposición.

El Ministerio de Gobernación se limitó a indicar que se trata de presos detenidos por distintas razones que estaban recluidos en diversos centros penitenciarios y que han sido enviados a su domicilio con el beneficio de convivencia familiar (arresto domiciliario).

La cifra es similar a la de detenidos considerados presos políticos por la opositora Alianza Cívica y cuya liberación fue un compromiso asumido por el gobierno de Ortega en las negociaciones realizadas del 27 de febrero al 3 de abril.