un cuando rompió su breve descanso de temporada al colocar en Twitter una reflexión sobre el suicidio del ex presidente de Perú Alan García, la corrupción y el neoliberalismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo sentir su vacío en el escenario mediático y político. Sin la conferencia mañanera y sin el imprevisible abordaje que de temas diversos suele hacer en actos públicos en el curso del día, la apacibilidad, casi el aburrimiento, se enseñorearon del mundillo periodístico y político.

Más allá de la valoración que cada cual asigne en lo general al hiperactivo tabasqueño, su capacidad para ocupar el foro público y generar controversias apasionadas está fuera de toda duda. Falta que corra mucha agua bajo los puentes para acercarnos a una valoración justa de la gestión presidencial de López Obrador (más de cinco años y medio le quedan aún de ejercicio formal), pero desde ahora podría considerarse que la habilidad comunicacional de López Obrador será susceptible de estudio en las escuelas del ramo: dos décadas, desde su arribo a la jefatura del gobierno capitalino, de gestos, estribillos, muletillas, reiteraciones y proclamas que mantienen a sus seguidores y a sus opositores sujetos a ese imparable rodar propagandístico.

Aún ahora, en este periodo vacacional, ha dejado material para entretenimiento unilateral. Siguen las reacciones al famoso memorando con el que pretende que tres secretarías de Estado dejen de aplicar la reforma educativa heredada del periodo peñista. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al Presidente de la República a cumplir y hacer cumplir la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, a rectificar en cuanto al mencionado memorando.

La CNDH, que está alcanzando en este tramo final de ejercicio de Luis Raúl González Pérez un nivel de crítica hacia el ejercicio presidencial como nunca lo había tenido, he postulado párrafos fuertes, como el siguiente: Nada debilita más al estado de derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene desde las instancias de poder el que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar. Los derechos humanos sólo pueden ser vigentes en un entorno de legalidad, donde se respeten las atribuciones y funciones constitucionalmente concedidas a autoridades y poderes, y la aplicación y cumplimiento de la ley no sea objeto de negociación política. Una organización denominada Consejo General de la Abogacía Mexicana (un membrete más de representación gremial autoasignada) difundió su consideración de que el famoso memorando viola el principio constitucional de división de poderes en México.

El tema de la muerte del ex presidente peruano, Alan García, reactivó la vertiente mexicana de ese drama subcontinental relacionado con Odebrecht de corrupción empresarial para hacerse de aliados políticos y gubernamentales que les permitieron hacerse de contratos y concesiones compensatorias y muy redituables respecto de las inversiones realizadas. Cuatro ex presidentes de Perú han estado, en diversas circunstancias, sujetos a procesos de enjuiciamiento bajo acusaciones de corrupción, además de otros funcionarios menores. En otros países de Latinoamérica hay similares causas penales iniciadas contra poderosos de cada lugar.

En México pareciera haberse producido un milagro institucional. La escandalosa etapa peñista de desbordada y descarada corrupción no ha tenido correspondientes consecuencias en el caso Odebrecht, como si nuestro país hubiese sido una excepción en ese proceso de suciedad empresarial y gubernamental.

Hasta ahora, Emilio Lozoya Austin, coordinador de relaciones internacionales durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y este mismo (quien luego designó al primero como director de Petróleos Mexicanos), gozan de impunidad concertada, con nuevas indagaciones en curso realizadas por la administración obradorista, pero, hasta ahora, sin un principio de castigo real a los grandísimos corruptos.

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