Puesto que la Ley Agraria de 1992 ya no responde a las necesidades actuales del campo, debe generarse una nueva norma que contenga preceptos vinculados al bienestar, el progreso social, la democracia y el desarrollo sostenible, sostuvo el titular de la Procuraduría Agraria (PA), Luis Hernández Palacios Mirón.

Al encabezar los trabajos de la segunda sesión ordinaria del Comité Permanente de Control y Seguimiento (Copecose), el funcionario indicó que la legislación agraria en vigor significó, en su momento, una respuesta del Estado al reclamo social y político de los pueblos y comunidades originarias, así como de los campesinos pobres y sin tierras que hoy, a 27 años de distancia, la historia ha demostrado que la propiedad social prevalece, a pesar de la etapa neoliberal que vivió el país en las últimas décadas.

Destacó la importancia de que las organizaciones campesinas integrantes del Copecose formulen propuestas que enriquezcan iniciativas planteadas, como la del senador José Narro Céspedes (Morena).

Debe defender propiedad de la tierra: Narro Céspedes

Ante dirigentes y representantes de distintas organizaciones, como la Central Campesina Independiente, la Central Nacional Campesina, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y la Unión General Obrero, Campesina y Popular, entre otras, Narro Céspedes, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado, dijo que la nueva Ley Agraria debe tener un alto contenido social, defender la propiedad de la tierra y convertir al ejido y la comunidad en sujetos de desarrollo.

El también dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala hizo énfasis en que la mejor forma de honrar la memoria de Emiliano Zapata, tras 100 años de su muerte, es promover una ley que recoja el espíritu y la esencia del Plan de Ayala.

Aparte, Narro y el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, se reunieron con habitantes de la comunidad de Cedros, municipio de Mazapil, Zacatecas, quienes solicitan que se resuelva el conflicto con la mina Peñasquito, propiedad de la empresa canadiense Gold Corp, que ha explotado mantos acuíferos de la zona, dejando a los habitantes sin acceso al agua.

Desde hace varias semanas, los habitantes han bloqueado los accesos al yacimiento para exigir que se cumplan los compromisos y acuerdos que la firma estableció con los afectados.

Narro señaló que respalda a la asamblea general de ejidatarios de la comunidad de Cedros. Desde hace siete años, la minera Peñasquito agotó el manantial de nuestra comunidad; nosotros contamos con un dictamen de la Comisión Nacional del Agua que dice textualmente que uno de los factores contribuyentes en la disminución del flujo del manantial son las actividades mineras.