Debido a una creciente concentración de miles de migrantes centroamericanos en la frontera norte, México enfrenta el desafío de construir una nueva agenda migratoria con Estados Unidos donde encaje su propuesta de migración humanitaria, segura y ordenada, pero también considerar los riesgos que esto implica para la seguridad nacional y fronteriza, afirmó José María Ramos García, investigador y director de Vinculación del Colegio de la Frontera Norte (Colef).

En entrevista con La Jornada destaca que en las principales ciudades fronterizas como Tijuana, Piedras Negras, Ciudad Juárez y Matamoros comienzan a gestarse los efectos de tener 2 mil o más migrantes prácticamente atascados porque el vecino del norte está haciendo muy lentos los trámites de audiencia para solicitar la visa humanitaria, al tiempo que no tienen recursos ni condiciones dignas de vida.'

En el caso de Tijuana, dijo, de los cerca de 3 mil 500 migrantes que han llegado en los pasados cuatro meses, sólo mil 100 han sido sujetos de una audiencia por parte del gobierno estadunidense para analizar si reúnen o no los requisitos para tener una visa humanitaria.

Ramos García agregó que otro de los problemas que no se visibiliza es la falta de recursos de los municipios y entidades para enfrentar los nuevos mecanismos de migración que pueden concentrar en corto tiempo a miles de personas, lo que genera que se abarroten los refugios o espacios destinados a su alberge y que son sostenidos, en muchos casos, por organizaciones civiles y no por autoridades municipales, estatales o federales.

Las recientes caravanas, dijo, no van a cesar de forma inmediata, y hasta ahora el gobierno federal ha dado algunos apoyos, pero el problema de fondo no está resuelto en las principales ciudades fronterizas, donde ya se han registrado actos de rechazo a los refugiados temporales, lo que no ocurría.

Historia interminable

Explicó que los migrantes “no desean establecerse en México, su meta es Estados Unidos y eso es una tendencia que no va a cambiar, por lo que sus opciones se ven muy reducidas.

Llegar a la frontera norte no es fácil, pero una vez que lo logran deben esperar semanas para tener un solicitud de audiencia para ser escuchados y contemplar la posibilidad de tener una visa humanitaria, proceso que puede demorar de dos a tres meses, sin ninguna seguridad de que les sea concedida.

La mayoría no tiene recursos para subsistir, y el cruce ilegal al país vecino tiene un costo de entre 5 mil a 7 mil dólares con los traficantes de personas”.

Por ello urgió a la construcción de una nueva política migratoria nacional que considere tanto los aspectos humanitarios, como de seguridad interior y fronteriza, así como el impacto económico que enfrentará la consecutiva llegada de caravanas a las ciudades de cruce con Estados Unidos.

Es un equilibrio complejo, reconoció, si se considera que la administración de Donald Trump favorece un endurecimiento de su política migratoria, y que es un tema aún no revisado en el acuerdo económico entre Canadá, Estados Unidos y México.