El colectivo Damnificados Unidos de la Ciudad de México llamó al gobierno capitalino a dejar de simular una reconstrucción masiva, que no es tal, y a no condicionar este proceso a contratar créditos o redensificar los inmuebles para volver a casa.

Tras el anuncio de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, de que ante la falta de recursos éstos sólo se canalizarán a personas de menores ingresos que no puedan resarcir de otro modo su patrimonio, afirmaron que por ningún motivo aceptarán esos esquemas.

En la reconstrucción de miles de hogares, adujeron, el Estado no puede diferenciar el apoyo a los damnificados, condicionarlo o permitir que la tragedia se convierta en un negocio para desarrolladores inmobiliarios.

De la reunión que tengan este lunes con la mandataria determinarán las acciones a emprender, entre las cuales está reunirse el próximo sábado, en Tláhuac, con todos los damnificados para luchar juntos por una reconstrucción digna y segura, dijeron.

La organización reconoció la complejidad que representa el entramado burocrático de la política de reconstrucción, pero aseguraron que el verdadero problema es la falta de voluntad de la Comisión para la Reconstrucción, que sólo actúa bajo presión.

Intentar dividir a los afectados por el sismo de septiembre de 2017 entre privilegiados y no impide avanzar en el proceso de reconstrucción y restituir a cada cual lo que levantaron con su propio trabajo.

Tan sólo en viviendas unifamiliares de Tláhuac, los 65 metros cuadrados reconocidos no contemplan las bardas de colindancia, y los prototipos de reconstrucción incluyen acabados menores, con lo cual no se garantiza siquiera las condiciones prexistentes, señalaron.

El sismo, destacaron, no distinguió edades, sexo, niveles de estudios, colonia de residencia o nivel socioeconómico; nos golpeó a todos por igual y por eso hemos insistido en que el Estado debe asumir su responsabilidad y generar soluciones para todos.

La reconstrucción debe ser general y no obligar a la gente a contratar créditos para restituir su patrimonio, como intentó la administración anterior, que quiso someternos a un estudio socioeconómico para definir nuestra capacidad de pago, recordaron.

Dicha política fracasó ante nuestra denuncia y esfuerzos organizativos por señalar el carácter discriminatorio de dicho análisis, por lo que exhortaron a la actual administración a no repetir esos errores.

Tampoco, precisaron, avalan la redensificación, pues representa un abuso oportunista de las inmobiliarias para construir sobre un terreno que colapsó más pisos para vender los departamentos adicionales y, supuestamente, financiar con ello la obra completa.

Con ello, las empresas acceden a predios extraordinariamente ubicados y una vez construidos sus departamentos los venden a los mayores precios posibles, impulsando un proceso de gentrificación.