El precio de la tortilla, alimento básico en la dieta de los mexicanos, se ha incrementado hasta un peso y 50 centavos por kilogramo en las ciudades de Hermosillo, La Paz y Nuevo Laredo en los pasados cuatro meses, según el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (Sniim), de la Secretaría de Economía (SE).

Por otro lado, para exigir que la tortilla sea incluida nuevamente en la canasta básica y también para demandar la creación de un consejo regulador de ésta, que coordine y optimice la producción, costos y precios de toda la cadena, industriales del sector preparan una campaña de protesta contra el gobierno federal, anunció Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla.

La organización pretende colocar mantas y carteles afuera de las tortillerías de sus asociados con el siguiente mensaje: El Consejo Nacional de la Tortilla e industriales del país exigimos al C. Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que la tortilla sea regresada a la canasta básica por tema de salud. ¡¡ Respétenos!!

Homero López asegura que la organización que preside representa a 70 mil negocios en 28 de los 32 estados de las casi 100 mil que, calcula, operan en todo el país.

Desde finales de enero López Obrador lanzó la nueva canasta básica, a distribuirse fundamentalmente en zonas marginadas del país, y aumentó su contenido de 23 a 40 alimentos, pero dejó fuera a la tortilla.

En cambio, incluyó la harina de maíz enriquecida, lo cual favorecerá a las grandes harineras del país, que poco a poco han desplazado en la fabricación de este alimento al maíz nixtamalizado, el cual contiene más nutrientes, manifestó López García.

“El país se está ‘harinizando’, precisamente porque no hay apoyo oficial al maíz. La tortilla que se produce con maíz nixtamalizado tiene más calidad, es más sana y contiene más calcio y otros nutrientes que la fabricada con harina. Además, es más barata y genera mayores beneficios al campo”, expresó.

Aseguró que el precio de la tortilla ha aumentado a razón de un peso por año, pero desde que se inició el sexenio de López Obrador acumula un incremento de un peso o más en varias partes del país, es decir, en menos de cinco meses, a consecuencia del aumento de insumos y energéticos, pero también por la competencia desleal que enfrenta el sector por miles de negocios que trabajan en la informalidad, sin pagar tarifas industriales de agua, gas o electricidad, por ejemplo, ni impuestos.

El Sniim reporta que el precio promedio de la tortilla a escala nacional es actualmente de 14.65 pesos por kilo en tortillerías tradicionales y de 10.88 en supermercados, cuando a principios de diciembre de 2018 se ubicó en 14.33 y 10.71 pesos, respectivamente.

Tradicionalmente la tortilla se ha vendido más cara en ciudades como Hermosillo, donde este mes alcanzó un precio de 21.17 pesos por kilo, en La Paz a 19 y en Nuevo Laredo a 18.

Justo en estas tres ciudades las cifras del Sniim indican un incremento de un peso y 1.50 pesos desde que López Obrador es presidente, ya que a principios de diciembre la tortilla costaba 20.17 pesos en Hermosillo, 18 en La Paz y 16.50 en Nuevo Laredo, lo que corrobora la denuncia de Homero López, quien dijo que de seguir con esa tendencia el incremento anual llegará a 3 pesos en el primer año del nuevo gobierno.

El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla se quejó de que el mandatario federal no escucha y, pese a que desde enero pasado le ofreció entrevistarse con él, no ha tenido respuesta en las varias audiencias que ha solicitado.

Manifestó que ha expuesto la problemática y propuestas del sector en tres reuniones que ha sostenido con funcionarios de menor nivel de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y del proyecto de Seguridad Alimentaria, pero aseveró que desconocen el tema y carecen de poder para decidir.

Sobre el consejo regulador de la tortilla que exige el sector y cuya creación fue planteada por la Cámara de Diputados en un punto de acuerdo desde el sexenio de Vicente Fox Quesada pero nunca se concretó, el dirigente explicó que su finalidad no es controlar o fijar el precio de la tortilla, sino reglamentar el sector, ayudar al gobierno y promover alianzas entre todos los eslabones de la cadena (campesinos, productores, proveedores y comercializadores) para tener un mejor precio que se traslade a los consumidores.