Chimalhuacán, Mex., De los 11 municipios mexiquenses con alerta de violencia de género desde 2015, Chimalhuacán, ubicado en el oriente de la entidad, ocupa el primer lugar en feminicidos, con 2.4 casos por cada cien mil habitantes, según cifras oficiales.

En las recientes semanas, a partir del asesinato de la niña Giselle, a finales de enero pasado, el cual causó repudio e indignación entre los habitantes de la demarcación, se han multiplicado las protestas de madres de víctimas e integrantes de organizaciones civiles que han alzado la voz para advertir del miedo que se vive aquí y la impunidad que prevalece. Sin embargo, la realidad es otra para la autoridad municipal, encabezada por el edil priísta Jesús Tolentino Román Bojórquez, quien desde 2000 ha gobernado Chimalhuacán tres veces y encabezó la organización Antorcha Campesina. El problema de la violencia de género no es su prioridad.

Al menos así parece, al no hacer ninguna mención del tema durante el informe que realizó el 13 de abril por los cien días de su administración. Chimalhuacán se erigió ayuntamiento en 1842, con el nombre de Chimalhuacán Atenco, 18 años después de la fundación del estado de México, en 1824.

La activista Mago, del colectivo Vivas en la Memoria, conocedora del fenómeno del feminicidio y residente en este municipio desde hace 25 años, refiere que los pueblos originarios elegían, mediante usos y costumbres, a sus gobernantes.

Sin embargo, a partir de los terremotos de septiembre de 1985 que devastaron gran parte de la ciudad de México, la situación comenzó a cambiar: comenzó un éxodo de habitantes hacia el municipio mexiquense, cuya superficie es de 44.69 kilómetros cuadrados.

Dio inicio el fraccionamiento de predios en la localidad y el arribo de ciudadanos, sobre todo de la vecina localidad de Nezahualcóyotl, del centro de la capital del país, y de grupos étnicos provenientes de distintas regiones del país, principalmente Oaxaca, Puebla, Veracruz, Hidalgo y Tlaxcala.

Entonces comenzó a fracturarse la tradición, cultura, educación y formas de vida de las comunidades originarias. Aún en la actualidad, menciona Mago, existen grandes diferencias entre los nativos y los que llegaron después.

Parteaguas, el arribo de la organización a la localidad

Es ahí, con esa diversidad de población, cuando, dice, comienzan los destellos de violencia, pero el parteaguas, subraya la activista, es cuando llega Antorcha Campesina, que es algo terrible que le ha pasado a Chimalhuacán. Antorcha Campesina, señalada como el brazo agresivo del PRI, comenzó a crecer y para extender su dominio en algunos puntos, lo hizo con violencia.

El 18 de agosto de 2000 se registró uno de los acontecimientos más violentos de que se tenga memoria en Chimalhuacán por la disputa del poder entre Guadalupe Buendía La Loba y quien fuera su compadre, Jesús Tolentino Román Bojórquez, actual presidente municipal.

Miembros de la Organización de Pueblos y Colonias, al mando de La Loba, intentaron impedir que Román Bojórquez, que en ese entonces lideraba Antorcha Campesina, rindiera protesta como alcalde. Se produjo un enfrentamiento que dejó 10 muertos y cien heridos de bala.

Para Sofía Angélica Silva Gracia, autora del estudio Las formas de organización entre mujeres en contextos de violencia feminicida. Un análisis cartográfico en la experiencia de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, que fue tesis de la maestría en sicología social de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, agrupaciones como Antorcha ejercen violencia por medio del control de territorios, lo que le va dando poder. Es una forma de agresión política que no permite que las personas se organicen, eso contrasta entre Chimalhuacán y otros municipios, considera la también sicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y promotora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

Mago y Sofía Angélica cuentan cómo en carne propia vivieron ese tipo de violencia. En 2018, la Asamblea Organizativa 25 Nezahualcóyotl-Chimalhuacán determinó que la marcha del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se realizaría en esta última localidad.

Entonces, ellas y otras compañeras de diferentes colectivos comenzaron a salir a las calles a informar a la gente, repartiendo volantes con la leyenda: Alto al feminicidio. Iniciaron en un parque que, “aparentemente es público, pero tiene un control antorchista.Entonces a Sofía y a mí nos agarró la policía y nos llevaron a los separos, escoltadas por ocho patrullas. Ahí les dijeron: ‘eso no pasa aquí, ustedes vienen a alebrestar a nuestras mujeres, aquí se mueren de enfermedad o atropelladas, pero de violencia, no; ustedes están mal’”.

Mago señala que Antorcha tiene un control muy sistematizado; “y cuando tú haces algo (activismo), pues te están checando.

Las personas que se han beneficiado de la agrupación, principalmente con terrenos, se sienten con la obligación de reportar a los dirigentes de la misma lo que pasa o quién lo dijo, entre otras cosas. Finalmente Antorcha Campesina es gobierno y tienen todos los medios, está muy inmersa en la sociedad.

Impide la agrupación reconstituir el tejido social

Al respecto, la sicóloga Silva Gracia plantea que el dominio que ejerce Antorcha, cooptando espacios públicos, impide que el tejido social se reconstituya, que haya organización comunitaria que acompañe y de soporte a las familias de víctimas. Esta situación, según la profesionista, va mermando la posibilidad de que las personas participen o de que lo hagan por fuera de esa agrupación, que ejerce una especie de señorío.

Las activistas vivieron otro caso de violencia en la gestión de la que ha sido hasta ahora la única alcaldesa de Chimalhuacán, la priísta Rosalba Pineda Ramírez (2016-2018), hoy secretaria del ayuntamiento y cercana a Román Bojórquez.

Los colectivos decidieron colocar cruces rosas en el bordo que delimita Chimalhuacán con Nezahualcóyotl, porque en esa zona han ido a tirar varios cuerpos de mujeres.

Pineda Ramírez dio permiso para que se filmará una película en el lugar y como les estorbaban las cruces, las quitaron. Las colectivas, como se autodenominan, protestaron y exigieron que las colocaran nuevamente: Necesitamos que la gente sepa que en Chimalhuacán hay violencia y feminicidios, puntualiza Mago. Finalmente les devolvieron las cruces y las recolocaron.

Silva Gracia apunta que para entender los fenómenos que suceden en el municipio no puede dejar se considerarse la zona geográfica, pues, afirma, el oriente mexiquense es parte del corredor de la trata (de personas), donde las principales víctimas son mujeres y niñas.

Chimalhuacán, colindante con Nezahualcóyotl, La Paz, Chicoloapan y Texcoco, es el municipio urbano con más pobreza, sólo detrás de Ecatepec. De su alrededor de 679 mil habitantes, según el censo poblacional de 2015, 60 por ciento vive en pobreza urbana.

En la demarcación existen 166 mil viviendas, de las cuales en 10 por ciento tiene hacinamiento; 7.2 cuenta con techo precario y 6.9 por ciento carece de agua entubada. En su periferia se localiza el basurero del bordo de Xochiaca, Neza III.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 49 por ciento de los habitantes vive en pobreza moderada y 13.7 en pobreza extrema; 24 por ciento de la población carece de acceso a los servicios de salud y 19 por ciento tiene carencia alimentaria. En marzo de 2011 el Código Penal de la entidad fue reformado para tipificar como delito el feminicidio. Cuatro años después, ante los altos índices de homicidios de mujeres y la solicitud reiterada que por años hicieron organizaciones sociales que luchaban por los derechos de la mujer, la Secretaría de Gobernación emitió la alerta de violencia de género en 11 municipios mexiquenses.

Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Tlalnepantla, Toluca, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izacalli y Chalco. Todos, excepto Toluca, se localizan en la conurbación con la Ciudad de México.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2017 y 2018, en Chimalhuacán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca y Naucalpan, subió la cifra de feminicidios.

En tanto, en Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán se mantuvo la tasa –en ese lapso– y sólo en Tlalnepantla y Toluca los casos descendieron de 0.8 a 0.5 por cada cien mil habitantes, y de 0.6 a 0.2, respectivamente. De esos 11 municipios con alerta de género, Chimalhuacán ocupa el primer lugar de feminicidios por cada cien mil mujeres; Ecatepec se ubica en el primer sitio en número total de casos.

En Chimalhuacán, de las 376 mil 457 habitantes que tiene, según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2017 se cometieron dos feminicidios, pero en 2018 fueron nueve. Su tasa per cápita se incrementó de 0.5 a 2.4 feminicidios, por cada cien mil habitantes.

En este rubro, Chalco ocupa el segundo lugar, pues de sus 195 mil 107 mujeres contabilizadas por Conapo, en 2017 se perpetró un feminicidio, pero en 2018 fueron cuatro; la tasa pasó de 0.5 a 2.1. Ecatepec, el municipio mexiquense más poblado y el segundo a nivel nacional, con más de un millón 600 mil habitantes, está en tercer sitio.

De sus cerca de 932 mil mujeres censadas por Conapo, la tasa pasó de 0.3 a 1.5 por ciento. Sin embargo, de los 11 ayuntamientos con alerta de violencia de género, Ecatepec ocupa el primer lugar por el incremento en el número de casos, pues de tres feminicidios perpetrados en 2017 la cifra se disparó a 14 en 2018.

Datos del SESNSP indican que Nezahualcóyotl ocupa el cuarto lugar; en quinto está Ixtapaluca; sexto, Valle de Chalco; séptimo, Naucalpan; octavo, Cuautitlán; noveno, Tlalnepantla; décimo, Tultitlán, y en el lugar 11 está Toluca.

Ultrajes a mujeres, tema ausente en informe de edil

El domingo 14 de abril, el edil antorchista Román Bojórquez organizó un acto masivo para rendir un informe por sus primeros cien días de gobierno (tercero desde 2000). Las anteriores fueron de 2000 a 2003 y de 2009 a 2012.

A los asistentes les dejó en claro que el informe no es exigible en términos legales pero lo hizo por razones de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, omitió hablar de los feminicidios en la demarcación. El edil priísta ni siquiera utilizó ese término, tipificado en la ley, sólo se limitó a decir que de las personas reportadas como desaparecidas, 96 por ciento han sido localizadas.

Gloria Pérez Frías, titular de la Unidad Especializada de la Policía para la Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género (Uepavig) y quien está a cargo de dar seguimiento a la alerta de género por feminicidio en Chimalhuacán, tuvo participación en el acto protocolario, pero su intervención se ciñó sólo a acercarle al alcalde una botella de agua cada que éste pausaba su discurso.

Su informe de cien días de labores, que originalmente sería de 20 cuartillas, lo resumió, con el argumento de que le llevaría hora y media leerlo y ello aburriría a los asistentes. Fue hasta la página 16 cuando informó de 143 reportes de personas desaparecidas, de las cuales “94 fueron localizadas por nuestra célula de búsqueda Uepavig, resultando que la inmensa mayoría de los casos suceden por problemas de desintegración familiar tales como maltrato de los padres a los menores, pleitos entre esposos, relaciones con conflicto de noviazgo y otros similares.

Por ello, Román Bojórquez llamó a los chimalhuaquenses a buscar la unidad familiar, a fin de no poner en peligro a sus seres queridos.