La Fiscalía General de la República (FGR) revisa decenas de contratos que se firmaron durante la pasada administración relacionados con empresas que exigen se les paguen adeudos que no fueron devengados por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la gestión que encabezó Emilio Lozoya entre 2012 y 2016.

El proceso se realiza con el fin de establecer si se consolida una carpeta de investigación por desvíos de recursos en contra de ex funcionarios de la petrolera y si las obras se ejecutaron bajo los lineamientos de ley.

Funcionarios federales señalaron que existen decenas de demandas en curso por los adeudos, ya que Pemex dejó de pagar –en algunos casos desde 2016– a compañías subcontratadas y en conjunto los montos ascienden a más de mil millones de pesos.

Entre algunas de las empresas afectadas –según un punto de acuerdo presentado en el Senado de la República en junio de 2018– se encuentran Sapiem, SAI Mexicana, a las que se les adeudan más de 600 millones de pesos; Constructora Hostotipaquillo, con más de 240 millones, Construcción y Desarrollo Industrial Condisa, que exige el pago a un adeudo por 120 millones de pesos por la rehabilitación y puesta en operación de la planta hidrodesulfuradora naftas.

Además de estas compañías hay decenas más que se han visto afectadas por la falta de pago y con eso sus empleados por la carencia de liquidez.

El pasado 12 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló durante su conferencia matutina que en estos casos hay litigios, hay pagos pendientes a proveedores porque no se hicieron las obras, pero si está al corriente el contrato y si se cumplió o contrató adquisiciones se debe pagar.

Bajo este lineamiento, la FGR investiga las demandas de pago presentadas por proveedores contra Pemex con el fin de establecer si los ex funcionarios incurrieron en alguna responsabilidad al negarse a liquidarlos y con eso afectar a las empresas contratistas, especialmente a las pequeñas y medianas.

En ese contexto, los funcionarios federales refirieron que tampoco se ha detenido la investigación del caso Odebrecht, sino que además se desahogan diversas declaraciones ministeriales de directivos de la compañía brasileña, continúan los trabajos de traducción legal de información enviada por entidades financieras suizas que presuntamente contienen datos de la ruta que siguió el dinero que fue entregado por los representantes de la petrolera por al menos 6 millones de dólares.