Guadalajara, Jal., La empresa Caabsa Eagle, que desde 1994 tiene concesionada la recolección y el confinamiento de basura en Guadalajara, Tonalá y Tlajomulco, tendría que pagar al menos 7.5 millones de pesos a estos ayuntamientos y al gobierno estatal por los recursos que fueron erogados para sofocar el incendio que consumió durante seis días de la semana pasada toneladas de basura en el vertedero Los Laureles.

Los alcaldes de Guadalajara, Ismael del Toro, y Zapopan, Pablo Lemus, quienes enviaron bomberos y brigadistas al basurero ubicado en los límites entre Tonalá y El Salto, donde al menos siete hectáreas ardieron y provocaron una contingencia atmosférica en toda la ciudad, responsabilizaron a la empresa, a la cual demandaron el pago.

No se vale que por mal manejo del vertedero incurramos en estos gastos. Nosotros ni siquiera utilizamos el vertedero ni está en nuestro municipio, y pese a ello gastamos un millón 600 mil pesos. Necesitamos recuperar esos recursos, dijo Lemus.

Esto fue responsabilidad de Caabsa Eagle y tiene que pagar. No vamos a clausurar porque no tenemos otro vertedero, pero debemos aplicar todo el rigor de la ley, dijo Del Toro.

La asociación civil Un Salto de Vida informó que presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Cedhj) porque las autoridades no evacuaron a tiempo las viviendas cercanas al basurero y tampoco protegieron la salud de los pobladores ante las emanaciones tóxicas, que causaron problemas respiratorios.

A su vez, la Cedhj emitió una medida precautoria al edil de Tonalá, Juan Antonio González Mora, para que en un caso similar alerte de inmediato a la población sobre los riesgos.

Un Salto de Vida anunció que también ampliará la queja que interpuso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que otras autoridades municipales y estatales sean llamadas a intervenir en forma oportuna para evitar daños a la salud de quienes viven en colonias vecinas al vertedero.

Caabsa Eagle ha renovado en varias ocasiones los contratos de recolección y confinamiento de basura y ha extendido sus servicios a Tlajomulco, Tonalá y Guadalajara, por lo que cobra unos 550 millones de pesos anuales.

La renovación más reciente en Guadalajara ocurrió en 2016, cuando era alcalde el ahora gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, pero también ha recibido trato preferente de administraciones priístas y panistas.