Entre el lunes y martes próximos, el Ejecutivo federal enviará a la Cámara de Diputados el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que por vez primera será sometido a la opinión de la ciudadanía, y podrá ser dictaminado y modificado por esa cámara del Congreso.

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, explicó que a la par, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva, establecerán un calendario y consultas para introducir modificaciones que surjan de la participación social.

“Todo mayo y parte de junio se va a abrir un debate nacional. A finales de junio tendremos que hacer un periodo extraordinario para la discusión, y aprobación en su caso del Plan Nacional de Desarrollo, ejerciendo ya las facultades nuevas que nos dan la Constitución y la Ley General de Planeación.

Entonces es muy buena oportunidad para abrir el intercambio de ideas a lo largo del país, para construir políticas públicas en materia de infraestructura, tener una política pública general en salud, en educación, agricultura y de cultura, y garantizar certeza a todos los sectores económicos.

A pregunta expresa aludió que el programa tendrá mecanismos de evaluación de las metas, definiciones presupuestales, y mecanismos evaluatorios de todo lo que el Ejecutivo mande y lo que se apruebe en el Congreso.

Ramírez Cuéllar ubicó la última semana de junio como probable para convocarse a un periodo extraordinario de sesiones, con la finalidad de aprobarse el plan referido. Ocurriría en caso de alcanzarse un consenso a partir del 25 de junio, y sólo sería facultad de los diputados su aprobación.

“Nos estamos preparando para el debate y una gran consulta nacional. Con base en la reforma constitucional en materia de planeación democrática y a la Ley de Planeación, ya la Cámara de Diputados tiene facultades para dictaminar. Debe haber voluntad y apertura para el debate nacional, ya no podemos hacer de este procedimiento, como siempre fue, una simulación, fast track, donde no se tome en cuenta la opinión de los distintos sectores económicos y la participación ciudadana. Estamos obligados a desarrollar toda esta discusión amplia”.

Agregó que se ha hablado con los funcionarios del gobierno federal, y hay una disposición absoluta para participar en los debates, y “estamos ante la oportunidad de que toda la sociedad tenga participación en la elaboración de las políticas públicas. La política de Estado, si bien contempla los programas, pero los planes particulares no son toda la política pública, es parte fundamental, pero tiene que construirse toda esta doble estrategia de largo plazo que dé certeza e incorpore las voluntades de los inversionistas y de los productores de la sociedad en general.

Estamos inaugurando con esta reforma constitucional el derecho que tiene la Cámara de Diputados para promover el plan y se honrará la oportunidad.