Chihuahua, Chih., Asesinos a sueldo ultimaron a Otilia Martínez Cruz, de 60 años, y a su hijo Gregorio Chaparro Cruz, de 20, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en los límites de Chihuahua y Sinaloa. Las víctimas eran defensores de la ecología y familiares de Julián Carrillo Martínez, indígena rarámuri y defensor del bosque de Coloradas de la Virgen, zona aledaña a El Chapote y ubicada también en el seccional de Baborigame, en la misma alcaldía.

Madre e hijo fueron localizados sin vida la tarde del miércoles afuera de su casa en la población El Chapote, seccional de Baborigame, con múltiples impactos de bala.

Según las indagatorias, tres pistoleros del grupo criminal Los Chorohuis irrumpieron en su domicilio y les dispararon. En el lugar fueron localizados seis casquillos percutidos de 7.62 x 39, además de uno .223, informó la Fiscalía del Estado Zona Sur. La autoridad informó que tiene identificados a los agresores.

Ambas víctimas eran familiares del activista Carrillo Martínez, quien fue asesinado el 24 de octubre pasado, presuntamente por talamontes, pese a contar con el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Derechohumanistas.

Julián Carrillo encabezaba un juicio que interpuso su comunidad para pedir la nulidad de permisos de aprovechamiento forestal, los cuales entregó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a pobladores mestizos en el territorio indígena de Baborigame.

En 6 años, 10 activistas más, ejecutados en Baborigame

De 2013 a la fecha, en Baborigame fueron asesinados otros 10 defensores del bosque, pese a que las comunidades cuentan con medidas cautelares de protección instruidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; todas las víctimas se oponían a los grupos criminales que se dedican a la tala clandestina.

La Fiscalía General del Estado ha consignado ante jueces a tres presuntos responsables de los homicidios de Julián Carrillo, y de los también activistas Juan Ontiveros e Isidro Baldenegro, asesinados en enero de 2017, pero continúan los crímenes y el hostigamiento contra las familias indígenas.

Los homicidios han provocado el desplazamiento forzado de decenas de familias indígenas, algunas han regresado a Guadalupe y Calvo pero otras, por las amenazas, se refugian en Parral y Chihuahua.

Alianza Sierra Madre, organización que acompaña las denuncias penales y agrarias de las víctimas, denuncia que las pocas familias que permanecen en la zona están a merced de los sicarios, quienes además les roban sus bienes escasos como maíz, frijol, cabras y vacas.