Buenos Aires. Miles de manifestante marcharon anoche en esta capital –en una plaza oscurecida por un corte de luz provocado por la municipalidad– y exigieron que la justicia no intente sacar al juez federal de Dolores, (provincia de Buenos Aires) Alejo Ramos Padilla, quien investiga la impactante red de extorsión, espionaje ilegal y armado de causas falsas que estalló en febrero pasado y que involucra al gobierno de Mauricio Macri, a sectores del periodismo oficialista y a la justicia ligada a esta administración.

La marcha y un acto en Dolores, donde el juez Ramos Padilla es respaldado por la población, demostró que las maniobras gubernamentales para impedir una investigación verdaderamente independiente y pasarla al reducto judicial del gobierno en los llamados Tribunales de Comodoro Py, desbordó los límites de una sociedad en crisis.

Los diputados del bloque kirchnerista Frente para la Victoria anunciaron este viernes que demandarán penalmente al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, por estar involucrado en el delito de extorsión contra el ex juez Carlos Rozansky, a quien solicitó la renuncia con el fin de apartarlo de una causa con la complicidad de otros funcionario y de la presión periodística en una verdadera trama extorsiva.

Los diputados advierten que al ataque a jueces independientes, como Ramos Padilla, se une el hecho de que se haya entregado un guión escrito por sectores de inteligencia al empresario Leonardo Fariña, quien para evadir la cárcel y recibir un salario por declararse arrepentido, aceptó acusar a la ex presidenta Cristina Fernández e involucrarla falsamente en una causa artificial creada en los Tribunales de Comodoro Py.

La decisión de los congresistas se produce después de la presentación de Rozansky como querellante ante Ramos Padilla presentando una denuncia por extorsión contra Garavano y el ex juez y consejero de la magistratura Luis María Cabral. El juez Rozansky participó en juicios sobre delitos de lesa humanidad cometidos por la pasada dictadura militar en el tribunal Federal 1 de la Plata, y ante Ramos Padilla describió que a partir de una violenta operación mediática, fue convocado a presentarse al Ministerio de Justicia donde le pidieron que solicitara su renuncia.

Rozansky presentó los audios de la reunión mantenida con Garavano y Cabral demostrando que se le amenazó con llevarlo a juicio político, como sucedió con otros jueces perseguidos por el gobierno actual por su independencia.

Esta maniobra estaba destinada a convencer a Leonardo Fariña –a quien Rozansky investigaba por evasión agravada– de que con la renuncia del juez le aseguraban la libertad si cumplía con el pacto de arrepentirse y contar la falsa historia que involucraría a la ex mandataria.

Por su parte, Ramos Padilla se negó a investigar una causa que le envió el juez Luis Rodríguez, iniciada por una denuncia del fiscal Carlos Stornelli, basada en una carta anónima que le tiraron bajo la puerta, según dijo, donde intenta establecer que la causa iniciada por el juez de Dolores surge de un complot de los kirchneristas detenidos ilegalmente por este gobierno, para dañar su reputación. Stornelli nunca se presentó a las citaciones del juez Ramos Padilla y está en situación de rebeldía, pese a numerosas pruebas de su involucramiento.