a tragedia del CCH Oriente es múltiple: muere una joven en el salón de clases; de pronto, como un rayo que nadie sabe de dónde vino, rompe apenas su piel, sin ruido. El estallido del disparo no se escuchó, detonó lejos, quizás provino de un asalto o fue un disparo de un obtuso celebrando cualquier tontería, como se hacía en la noche libre del 15 de septiembre, cuando los irresponsables detonaban armas hacia arriba, como si las balas que suben no bajaran en una parábola tan mortífera como el disparo horizontal.
Doña Ernestina Godoy, la procuradora de Justicia de la Ciudad de México, atenta, solidaria, profesional, encabeza el trabajo para esclarecer la verdad, nada fácil de encontrar, y hacer justicia; los peritos calculan, tratan de reconstruir lo sucedido: ¿por dónde entró la bala a la clase?, ¿de dónde provino? Son hipótesis que requieren experiencia y conocimientos; los investigadores interrogan al maestro al frente del grupo y a los compañeros de clase, testigos involuntarios, cualquiera de ellos pudo haber sido la víctima. Lo son en cierta manera, no se borrará de la mente de compañeros y docente el día aciago, de la muerte inopinada, inoportuna, que troncha una vida joven de una compañera, una esperanza como la de ellos, sin razón alguna sin explicación posible a padres y amigos.
Las causas de la tragedia son varias, quizás la más profunda es la descomposición social, el abandono de los valores que unen a la comunidad; hay otra que muchos se plantean, que es obvia: son las armas; abundan, es fácil conseguirlas aun cuando ya no hay tiendas especializadas como antes de 1990, cuando se podían comprar en armerías abiertas al público. Ahora no, están prohibidas, pero así y todo abundan, diario salen a relucir en asaltos, en pleitos entre vecinos o líos de celos o en incidentes de tránsito que llegan a mayores.
Hay mucha gente armada, las armas pueden ocultarse entre la ropa, en las mochilas, en los portafolios. Armas cortas o largas, de repetición, automáticas, con muchos tiros o uno solo, como las pistolas tipo pluma. Las usan abiertamente los guardias, los escoltas o jóvenes que de dos en dos circulan por toda la ciudad en motocicletas o motonetas en busca de víctimas a las cuales intimidar para arrebatarles sus pertenencias.
Parecería que la solución simplemente consiste en prohibir las armas, en desarmar a la gente; el gobierno capitalino ha emprendido campañas exitosas para canjear pistolas y rifles por despensas o dinero; hemos visto las fotos de esos canjes que desarman a algunos. El Código Penal sanciona la portación de armas y a pesar de la inseguridad en medios de transporte y en la vía pública, algunos, los delincuentes y los guardianes de quien puede pagarlas, las cargan tranquilamente: otros, los simples ciudadanos, si las traen para su defensa corren el riesgo de ser detenidos y consignados.
Las cosas no son tan fáciles; en la Revolución Francesa uno de los reclamos del Estado llano fue que las armas, vieja costumbre medieval, sólo podían usarlas y ostentarlas los nobles, los comunes tenían que atenerse a sus puños o a lo más, a un mal garrote o a una piedra. Uno de los derechos conquistados por los nuevos ciudadanos, fue este: si todos somos iguales, podemos todos portar armas, los de la clase alta y los del pueblo bajo.
Parece injusto que solamente puedan andar armados los poderosos y sus servidores y que todos los demás corran riesgos atenidos a su buena suerte. Nuestra constitución liberal de 1857 estableció que todo hombre tiene derecho de poseer y portar armas para su seguridad y legítima defensa. La ley señalará cuáles son las prohibidas y las penas en que incurren los que las portan
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La Constitución vigente repite la idea, los mexicanos tenemos derecho a poseer armas en nuestro domicilio para seguridad y legítima defensa, pero con excepción de las prohibidas por la ley y las reservadas a las fuerzas armadas. ¿Armas o no armas?, ¿portarlas o no? El dilema no es tan fácil.
