Integrantes de organizaciones civiles realizaron un acto simbólico en la representación del gobierno de Oaxaca en la Ciudad de México y en la Estela de Luz por el noveno aniversario del ataque a la caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala, donde fueron asesinados la defensora de derechos humanos Bety Cariño y el activista internacional Jyri Jaakkola.

En ambos espacios instalaron sendas placas para recordar que a nueve años de los hechos el caso está en la impunidad y no se protege a las víctimas y testigos de los hechos, suscitados el 27 de abril de 2010.

Omar Esparza, esposo de Cariño y coordinador del Movimiento Agrario Indígena Zapatista, dijo en entrevista que los responsables de esos crímenes son personas de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), grupo al que se identifica como paramilitar que opera en la región triqui de Oaxaca, el cual ahora cuenta con el apoyo del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui.

Demandó que las autoridades del estado, quienes conducen las investigaciones, lleguen al fondo y se sancione a los responsables, pues dos de quienes habían sido detenidos ya fueron liberados y seis más no han sido aprehendidos. Siguen paseándose por Oaxaca, e incluso están en cargos públicos, como en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

El abogado David Peña, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, detalló que el proceso legal se mantiene en tres etapas: contra seis detenidos, dos de ellos liberados, y seis órdenes de aprehensión aún no cumplidas.

Dijo que las dos personas puestas en libertad fueron debido a que el gobierno federal y el del estado no han concretado la protección a testigos y sobrevivientes del ataque, quienes no han podido acudir a las audiencias debido a los riesgos que existen en su contra.