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La PGJ apelará de la sentencia

Libera juez a los nueve trabajadores que tiraron 54 árboles en Real de Mayorazgo

Sólo recibieron órdenes

 
Periódico La Jornada
Jueves 9 de mayo de 2019, p. 28

Los nueve trabajadores de la empresa Fibra Uno, encargada del proyecto inmobiliario Mítikah, que talaron de manera ilegal 54 árboles en la calle Real de Mayorazgo, del pueblo de Xoco, la semana pasada, fueron liberados por un juez de control.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informó que apelará de la resolución de no vincularlos a proceso por el delito contra el ambiente, pues el Ministerio Público aportó los datos de prueba suficientes contra los imputados.

El juez Joel López Núñez, sin embargo, consideró que si bien se acredita que en la tala de los árboles se configura un delito ambiental, no así la responsabilidad de los empleados, pues éstos sólo recibieron órdenes de la empresa para la que laboran, por lo que no actuaron con dolo.

Durante la audiencia celebrada el pasado martes determinó que la detención de los hombres fue legal; pero, por los motivos señalados en su resolución, no se vinculó a proceso a los acusados y se resolvió que debían ser puestos en libertad.

La Fiscalía Desconcentrada de Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana informó que continuará con la investigación del caso, a fin de determinar la responsabilidad penal de la persona moral y señalar a otros probables participantes para llevarlos ante el juez de control.

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▲ Trabajadores del proyecto inmobiliario Mítikah cercenaron 54 árboles sobre la calle Real de Mayorazgo la noche del sábado pasado.Foto Jesús Villaseca

La Procuraduría del Medio Ambiente y del Ordenamiento Territorial denunció ante dicha fiscalía la tala de otros 13 árboles en la misma zona, por lo que ya se iniciaron las indagatorias correspondientes, indicó la PGJ.

Además, dicho organismo dio a conocer que ha recibido cinco denuncias por la tala de arbolado y hará un seguimiento puntual del caso hasta que se sancione penal y administrativamente a los responsables.

La subprocuradora de Ordenamiento Territorial, Leticia Quiñonez Valadez, explicó a Ricardo Ruiz Suárez, diputado de Morena en el Congreso capitalino, que ya inició la sustanciación de las denuncias e hizo un reconocimiento de hechos en el que se corroboró el derribo de 41 árboles.

Al acudir a presentar una denuncia –que la PAOT acumuló a otras cuatro que le antecedieron– , Ruiz Suárez dijo que existe la convicción de que la empresa actuó de manera ilegal y no sólo debe ser sancionada, sino revocado el permiso para construir un paso a desnivel al complejo.

La autorización de dicha obra, que otorgó la anterior administración capitalina, afirmó, no es una medida de mitigación, sino que su única finalidad es hacer más atractivo el negocio de la inmobiliaria, por lo que toca a las autoridades capitalinas emprender las acciones correspondientes.