La inseguridad causada por el crimen organizado, que persiste en varias regiones del país, es el principal problema para la producción minera, admitió Francisco Quiroga, subsecretario de Minería.

En la presente administración, expuso el funcionario de la Secretaría de Economía, se mantienen los robos y extorsiones al sector, tanto en producción como en logística.

Para frenar esos delitos se busca atender las condiciones de pobreza y exclusión en las regiones donde se ubican las minas, y mantener la militarización de la seguridad. En ese punto no se descarta la participación de la Guardia Nacional.

El principal factor es la inseguridad. La minería se da en regiones apartadas, más vulnerables. Nosotros estamos ahí siguiendo el enfoque de atacar las causas, que tienen que ver con pobreza e injusticia. Los programas del gobierno combaten eso principalmente. Al mismo tiempo, estamos complementando esa estrategia con una coordinación entre las fuerzas del orden estatal y federal, así como militar, declaró luego de participar en la inauguración de la decimoprimera edición de la Escuela del Sur de Gobernanza en Internet.

La minería lleva en picada varios años. Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía exponen que en marzo pasado tuvo una caída de 6.7 por ciento respecto del mismo mes de 2018. Revertir esa situación, según el subsecretario, implica dar certidumbre y seguridad a la inversión.

Entidades con mayor riesgo

Aseguró que entre los estados donde hay mayor riesgo para el sector están Sonora, Chihuahua, Durango, Michoacán y Guerrero. También hay medidas para evitar que el crimen organizado pueda mover la mercancía hurtada, añadió.

Nosotros estamos llevando un enfoque de inteligencia. Por ejemplo, si el material robado es exportado entonces estamos poniendo énfasis en los controles de ventas al exterior para que esa comercialización sea certificada como material que viene de una concesión que está en orden, que se trabaja de manera segura y de manera responsable con el medio ambiente, manifestó.

Sobre la extorsión no mencionó medidas puntuales, pero advirtió que el tema se trabaja en varias dependencias federales y no ve riesgo de que ese panorama esté ahuyentando la inversión, porque México tiene un gran potencial minero.

Entre las garantías económicas que ofrece el gobierno al sector está preservar contratos y no elevar impuestos, pero también cambiar la manera en que ha persistido este negocio en el país a un enfoque de protección al ambiente.