Monterrey, NL, El Consejo Estatal de Transporte y Vialidad de Nuevo León (Cetyv), integrado por el secretario general de Gobierno, Manuel González; el secretario de Transporte estatal, Jorge Longoria; empresarios, organizaciones civiles, alcaldes de la zona metropolitana de Monterrey, universidades y cámaras empresariales, decidió por mayoría no aumentar el costo del transporte público.

En tanto, el Congreso local dio entrada a una solicitud de endeudamiento por 4 mil 910 millones de pesos que presentó el gobernador independiente Jaime Rodríguez El Bronco con la intención de adquirir unas 4 mil 667 unidades para ofrecer transporte colectivo.

El Cetyv propuso originalmente que el pasaje aumentara dos pesos, de 12 a 14, mientras empresarios del organismo pidieron un incremento de tres pesos a la tarifa pagada en efectivo, de dos a la de prepago y de un peso al pasaje preferencial, que se otorga a ancianos, discapacitados y estudiantes.

La sesión de ayer repuso la que se canceló la semana pasada por la inasistencia de los transportistas. Empresarios aseguraron que en los cinco años recientes no ha habido incrementos, lo que ha propiciado que no se renueve el parque vehicular y que se utilicen refacciones de otras unidades para mantener el servicio. Necesitamos dinero para operar y para hacer inversiones, señalaron.

En este contexto, el secretario general de Gobierno mencionó que el Ejecutivo estatal solicitó el financiamiento para adquirir y administrar rutas del transporte público con cargo a las partidas presupuestales de 2020 y 2021.

Al final de la sesión, González aseguró que el gobierno ya inició el proceso para hacerse cargo del transporte en los términos de ley y de la mano con los señores empresarios, siempre buscando el apoyo para los usuarios.

El concesionario Abelardo Martínez respondió al funcionario que la administración estatal en realidad pretende hacer una compra hostil. Están presionando para que se deprecien las empresas y pagar menos. Si tienen la intención de comprar, por supuesto que nos podemos entender, pero no se vale forzar a las empresas para comprar las quebradas.

(Con información de Notimex)