Si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es congruente con su discurso de respeto a los derechos humanos, debe cumplir la sentencia judicial que ordena al Estado mexicano explicar la actuación de militares y policías estatales en la desaparición forzada de los militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, ocurridas en mayo de 2007 en Oaxaca.

Familiares de ambos luchadores sociales señalaron lo anterior y advirtieron que si la administración federal no acata la resolución judicial será responsable y cómplice de obstaculizar el acceso a la verdad y a la justicia de un crimen grave como la desaparición forzada. Y es que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la posibilidad de impugnar el fallo.

Doce años de angustia

Nadín Reyes, hija de Reyes Amaya y coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, junto con otros activistas ofreció ayer una conferencia frente a Palacio Nacional para referirse a la histórica sentencia emitida hace cinco años por un tribunal colegiado y ratificada el pasado 6 de mayo por un juzgado de distrito.

El 25 de mayo de 2007, en el contexto del conflicto de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (Appo), policías del estado y militares participaron en la desaparición forzada de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, militantes del EPR, y desde entonces no se sabe nada de ellos.

Esta vez el Estado no podrá argumentar que no es una resolución definitiva como pretexto para no realizar las acciones necesarias para buscar a nuestros familiares en cuarteles militares, así como tampoco eludir su responsabilidad en la comisión de este crimen, pues la sentencia es, en sí misma, un acto de reconocimiento de esta grave violación a los derechos humanos cometida en contra de dos luchadores sociales, afirmó Nadín Reyes.

Sandino Rivero, abogado de los familiares, dijo que el plazo para que la FGR pueda impugnar la resolución vence entre el 23 y 24 de mayo. Aseguró que de hacerlo la fiscalía mandaría un mensaje negativo a la sociedad en temas de graves violaciones a los derechos humanos.