ue calificada por los propios votantes en unanimidad como una reforma histórica: deberán ser mujeres la mitad de quienes ocupen la titularidad de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo federal, de los ámbitos correspondientes en los estados, de los organismos autónomos y de las candidaturas partidistas a puestos de elección popular.

Cero abstenciones, ningún voto en contra y 120 a favor, en una reforma constitucional que acelera el proceso de empoderamiento de las mujeres por la vía práctica de la obligatoriedad numérica: los clubes de Tobi (cotos de niños que no dejaban ingresar a la pequeña Lulú, en historietas ya clásicas) deben desaparecer para dar paso a un equilibrio que luego deberá pasar a la equidad en cuanto al reparto real del poder, sin que a las mujeres las releguen a los cargos menores o incluso recién habilitados, como fórmula tramposa para seguir dejando lo sustancioso a la parte varonil.

En contraste, la Ciudad de México y su amplia zona conurbada continuaron ayer sumidos en el neblumo, como consecuencia de la continuidad de la ola de calor, los incendios incluso en zonas céntricas de la capital del país y la falta de vientos dispersantes. Las autoridades capitalinas reaccionaron con una lentitud desesperante y en términos poco convincentes. A pesar de que desde el sábado recién pasado se percibía el problema ambiental y era sensatamente previsible que se agravara, las autoridades encargadas de las contingencias en la megalópolis respondieron hasta este lunes con la aplicación formal de ciertas medidas de evidente incumplimiento inmediato.

PM2.5 (por su denominación en inglés) es el nuevo término del diccionario de la dolida cotidianidad chilanga: partículas suspendidas que por su finura pueden ingresar con gran facilidad a los pulmones de las personas expuestas a contingencias ambientales como la vivida en estos días en la Ciudad de México. Son diversas las consecuencias malignas del respirar tales materias diminutas y, ante un problema que técnicamente era previsible y fue advertido con oportunidad por especialistas, los gobiernos federal, del estado de México y de la Ciudad de México no prepararon ni tienen ningún plan eficaz de atención, sino una especie de pasmo institucional productor de boletines de prensa, declaraciones y casi condolencias públicas ante una circunstancia que los ha rebasado. A todo ello se agregó ayer un factor ampliamente conocido: el ozono, de tal manera que la complicación creciente llevó a las autoridades a decretar las medidas clásicas en estos casos y a prometer que más adelante se darán a conocer algunas innovaciones.

Todo sigue igual, a dos años de distancia. Nadie sabe, nadie supo. O mejor dicho: todo mundo sabe, todo mundo supo. El periodista Javier Valdez Cárdenas fue ejecutado en Culiacán como anunciada venganza por haber desobedecido órdenes de uno de los cárteles que ejercen el verdadero poder en Sinaloa. Los autores intelectuales, los verdaderos responsables de ese asesinato, siguen sin castigo, dedicados a que se mantenga con buena salud el negocio tan mentado.

El gobernador Quirino Ordaz, al igual que funcionarios federales relacionados con el ramo de los homicidios relevantes, emiten boletines de prensa, hacen declaraciones, se muestran preocupados y, conforme llegan las fechas mediáticamente importantes, ofrecen redoblar esfuerzos y extender el brazo de la justicia, caiga quien caiga, hasta las últimas consecuencias.

Javier es, en realidad, un número más, un poblador del mundo fantasmal de los muertos sin justicia. Como él, decenas de casos de años recientes, en la sucesión del desamparo de los periodistas mexicanos. No todos son famosos, como el bato sinaloense. Pero ya es regla generalizada el abandono, en la práctica, de los expedientes de tales comunicadores, su inmersión en la pileta de la desmemoria forzada. A dos años, Javier sigue siendo advertencia y recuerdo del ataque criminal que se sigue practicando desde los poderes (los políticos y los expresamente narcotraficantes) contra quienes informan y reportan con honestidad y valor.

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