El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán no alcanzó mayoría calificada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para declarar la invalidez del decreto de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por supuestas violaciones durante el proceso legislativo.

Al continuar con el estudio de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y un grupo de senadores, Pérez Dayán requería ocho votos para invalidar todo el decreto, sin embargo, sólo tuvo seis sufragios –contando el suyo– en favor de la iniciativa.

Quienes votaron con Pérez Dayán fueron sus homólogos Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Eduardo Medina Mora.

De acuerdo con las impugnaciones, no se habría respetado lo dispuesto en el artículo 72 constitucional ni lo que establece el reglamento de la Cámara de Diputados.

Lo anterior, porque la minuta con proyecto de decreto no fue dictaminada dentro del periodo ordinario de sesiones en que fue presentada, y ante la falta de dictamen, tampoco se llevó en sus términos ante el pleno para su discusión y votación, en los tiempos requeridos.

En el proyecto se destaca que transcurrieron más de seis años para que se aprobara en la cámara revisora la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pero los ministros José Luis González Alcántara Carrancá, Norma Lucía Piña Hernández, Yasmín Esquivel Mossa, Javier Laynez Potisek y el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, votaron en contra.

Responsabilidad política

Piña Hernández mencionó que el hecho de que la minuta no se hubiera dictaminado no es razón para concluir que el pleno de la Cámara no contó oportunamente con la información relevante para deliberar; en todo caso, dijo, se trata de un problema de responsabilidad política.

En su oportunidad, Esquivel Mossa señaló que no hubo violación al procedimiento legislativo por la supuesta tardanza en poner la minuta a consideración del pleno.

Por otra parte, Zaldívar pidió a sus homólogos ser muy cuidadosos. Si estos criterios de mayoría llegaran a ser obligatorios, una enorme cantidad de leyes del sistema jurídico mexicano se tendrían que invalidar, porque los procedimientos legislativos perfectos no existen; es parte de la vida política.

El martes, por mayoría de siete votos, la SCJN determinó no desestimar en su totalidad las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CNDH y un grupo de senadores; de los 17 artículos discutidos, los ministros votaron por sobreseer nueve; en seis se hizo de forma parcial porque hubo cambios en algunos párrafos y dos que no fueron reformados se analizarán por completo.

La discusión continuará el lunes para determinar si hubo o no omisiones legislativas que impliquen la invalidez de todo el decreto.