El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) anunció anoche que suspendió temporalmente, sin goce de sueldo por seis meses, al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez por advertir que se han realizado una serie de operaciones dentro del sistema financiero nacional que alertan que pueda estar obteniendo parte de su patrimonio por medio de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El organismo resaltó que la suspensión se da con el objeto de realizar una investigación exhaustiva sobre las conductas advertidas y sin obstaculizar el curso de las mismas.

Lo anterior se anunció luego de una sesión extraordinaria del CJF y después de que por la mañana autoridades de México y Estados Unidos señalaron que el magistrado ha sido colaborador del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Avelar Gutiérrez es uno de los integrantes del primer tribunal colegiado en materia civil y del trabajo con sede en el estado de Guerrero, adonde fue adscrito en abril pasado cuando comenzaron a trascender las investigaciones en su contra por elaborar sentencias que favorecían a integrantes del CJNG cuando se desempeñó como magistrado auxiliar de circuito en el estado de Jalisco.

De acuerdo con información obtenida de funcionarios federales, Avelar Gutiérez habría recibido ranchos, dinero en efectivo, inmuebles y vehículos en pago por sus resoluciones. En el Poder Judicial Federal habían recibido denuncias por la comisión de actuaciones contrarias a derecho desde 1999, pero fueron desechadas.

Las Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que el magistrado “recibió sobornos del CJNG y de la organización de narcotraficantes identificada como Los Cuinis (socios del CJNG), a cambio de dictar fallos judiciales favorables a sus miembros principales”.

En días pasados La Jornada dio a conocer que la Fiscalía General de la República investiga a jueces federales adscritos a diversas entidades por haber emitido sentencias o resoluciones que favorecieron a integrantes del CJNG a pesar de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, y que principalmente se indagaba a impartidores de justicia con sede en Jalisco, como es el caso de Avelar Gutiérrez.