Los alcaldes de Álvaro Obregón, Layda Sansores, y Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, documentaron ante la magistrada presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Estela Fuentes, irregularidades que cometen algunos despachos jurídicos para realizar obras ilegales en terrenos con mayor plusvalía de esas demarcaciones.

Durante un encuentro para alertar y evitar la comisión de posibles actos de corrupción, señalaron que estos abogados han corrompido a jueces y a otros servidores públicos para proteger al cártel inmobiliario de violaciones al uso de suelo y otras anomalías.

Asimismo, informaron a la magistrada que presentarán una iniciativa de ley para equiparar delitos como delincuencia organizada y trata de personas con el que cometen las constructoras que violan los sellos de obras irregulares y también las licencias de uso de suelo.

Romo indicó que prohibirá la labor de despachos que operan fuera de la ley, queremos protocolos muy concretos de asuntos que involucren construcciones o desarrollo urbano en la Ciudad de México.

Agregó que informará a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda sobre los juicios de lesividad por la emisión de certificados y manifestaciones que se han hecho en administraciones anteriores.

Por su parte, Sansores confió en que tras la presentación en el TJA “se ponga la lupa a todos los procesos de las constructoras y despachos que defienden la ilegalidad.

“Nos preocupa que se sigan trabajando y que cuando llega el fallo la obra ya está terminada y nos deja de manos atadas para que estos cárteles inmobiliarios o esta red de corrupción, no siga avanzando”.

El pasado martes los alcaldes crearon un frente para evitar, que con argucias legaloides de al menos ocho despachos se impongan proyectos del cártel inmobiliario que violan las normas y las licencias de uso de suelo, lo cual afecta la calidad de vida de los ciudadanos.

Ademas, identificaron su modus operandi, pues ofrecen inmuebles a inversionistas, registran la manifestación de impacto ambiental, violan las leyes y también promueven juicios contra programas o normas de ordenamiento para edificar edificios de mayores niveles a los permitidos.