Quintana Roo, el estado con la industria turística de mayor crecimiento en el país, atraviesa por una crisis de inseguridad y violencia ocasionada por grupos del crimen organizado: este año suman 288 ejecuciones, la mayoría perpetradas en los ayuntamientos de Benito Juárez (Cancún), con 177, y Solidaridad (Playa del Carmen), con 88, ambos gobernados por el partido Morena desde el 30 de septiembre pasado.

Es tal la preocupación de los hoteleros que algunos han llegado a proponer cerrar durante un mes los centros de hospedaje para presionar a las autoridades de los tres niveles de gobierno a fin de que atiendan sus reclamos y apliquen cuanto antes medidas contundentes para poner fin a este paraíso de las células delictivas locales, nacionales e internacionales.

La cifra de 288 ejecuciones en los primeros cinco meses y medio de 2019, según un recuento de La Jornada, se completa con 10 casos recientes en Tulum, uno de los destinos turísticos con menor población; cinco en Puerto Morelos, tres en Chetumal, capital del estado; tres en Felipe Carrillo Puerto y dos en Isla Mujeres.

En su reporte de marzo pasado, el organismo civil Semáforo Delictivo Quintana Roo ubicó a la entidad gobernada por Carlos Joaquín González en el quinto lugar nacional en homicidios; undécimo en secuestro, séptimo en extorsión y decimoquinto en robo de autos.

Además, se ubica en semáforo rojo en extorsión, narcomenudeo, robo a casa habitación, a negocios, lesiones y violencia familiar. Benito Juárez y Solidaridad concentran el mayor número de esos ilícitos.

El ex presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Abelardo Vara, quien en días pasados sufrió un intento de secuestro, advirtió que la situación es tan grave que la ocupación hotelera cayó 4 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año pasado, que además fue menor en relación con 2017.

Las tarifas también han ido a la baja; hoy son 15 por ciento menores a las de 2018 y las habitaciones las alquilan turistas con menor poder adquisitivo. Es decepcionante. No estamos para echar porras a nadie, reprochó.

Hoteleros llaman a huelga y culpan a extranjeros

Explicó que la situación de inseguridad y violencia que se vive en Quintana Roo ha sido aprovechada por otros países que compiten con el Caribe mexicano y registran las mayores ocupaciones de su historia, con grandes derramas económicas. Por ejemplo, afirmó, gran parte del turismo estadunidense se redirigió al resto del Caribe.

Abelardo Vara propuso a los hoteleros de Cancún que cierren los centros de hospedaje durante un mes, aunque implique un daño económico terrible, ya que se verían afectados miles de trabajadores y la economía local. Pero es un intento para que todos los niveles de gobierno entiendan que lo que sucede en Cancún repercute en todo el país, y de una vez por todas pongan una solución.

Fuentes oficiales que pidieron anonimato advirtieron que la ola delictiva que se vive en Quintana Roo es provocada por bandas criminales locales, nacionales e internacionales, entre ellas las mafias rusa, israelí y rumana, además de grupos cubanos, colombianos y venezolanos con presencia en toda la entidad.

Todos se especializan en narcomenudeo, narcotráfico, trata de personas, secuestro, pornografía infantil, ejecuciones y cobro de derecho de piso, entre otros delitos.

Atribuyeron el aumento de la delincuencia a la detención de Leticia Rodríguez Lara, Doña Lety o La 40, ex policía federal que era líder del cártel de Cancún.

Cuando sus cómplices quedaron sin jefa se reagruparon en células más sanguinarias para ganar espacios, incluso haciéndose pasar por miembros de los cárteles Jalisco Nueva Generación, Los Zetas o de Sinaloa.

Antros extorsionados y obligados a vender drogas

Los entrevistados sostuvieron que el coctel delictivo de la entidad es muy complejo, porque los propietarios de todos los negocios de la Quinta Avenida, en Playa del Carmen, y los antros de Cancún pagan derecho de piso o son obligados a vender drogas.

En Chetumal grupos de colombianos, cubanos y venezolanos obligan a los comerciantes a contratar con ellos préstamos que se vuelven impagables, por lo cual los obligan a que les den sus ganancias, y cuando no realizan el pago correspondiente incendian sus negocios o vehículos.

Mientras, las células delictivas locales se dedican a robar, secuestrar, asesinar a pequeños comerciantes y civiles, haciéndose pasar por integrantes de cárteles.

La ola de ejecuciones, añadieron, ya rebasó la capacidad de los servicios forenses de la Fiscalía General del Estado para almacenar cuerpos, pues se requieren instalaciones especiales con frigoríficos y equipo para identificación de restos.

Los informantes revelaron que hay 250 cadáveres sin identificar; pero desconocen dónde los resguarda el personal de la dependencia, porque no hay espacio suficiente. Se intentó edificar uno en Chetumal, pero por la negligencia de altos funcionarios, el proyecto fracasó. Ahora buscan un lugar en Leona Vicario, municipio de Puerto Morelos.

El representante de Ángel Ciudadano en Quintana Roo, Hernán Cordero Galindo, afirmó que el aumento de la inseguridad se ha estado fermentando desde hace tres sexenios, en los cuales los gobernantes priístas Roberto Borge Angulo (2011-2016), Félix González Canto (2005-2011) y Joaquín Hendricks Díaz (1999-2005) “no hicieron nada por contenerla, y contaron con la complicidad de empresarios

sin escrúpulos que por comodidad se prestaron a decir que las cosas iban mejorando”.

Mencionó que desde hace años se veía venir este problema porque las autoridades no trabajaron para garantizar el estado de derecho, no hubo ni hay control sobre la actuación del Ministerio Público; tampoco existe certificación de cárceles ni de los impartidores de justicia. Hay 99 por ciento de impunidad en los procesos legales, aseveró.

Durante 2018, en Benito Juárez (Cancún), hubo alrededor de 550 ejecuciones; en lo que va del año suman por lo menos 177; mientras, en Solidaridad (Playa del Carmen), se cometieron el año pasado 81 asesinatos presuntamente relacionados con el crimen organizado; en 2019 ya suman 88.

Desde el 30 de septiembre pasado, María Elena Hermelinda Lezama Espinoza gobierna Cancún y Laura Beristain Navarrete, Playa del Carmen; ambas llegaron al cargo postuladas por Morena.

La noche del pasado 13 de mayo un comando atacó a los clientes de la cervecería Chapultepec, en Playa del Carmen, con saldo de un muerto y 11 heridos. Al día siguiente el gobernador Carlos Joaquín González emitió un decreto para aplicar el mando único policiaco en Quintana Roo, con el cual las direcciones o secretarías de seguridad pública municipales quedaron bajo las órdenes del secretario estatal del ramo, Jesús Alberto Capella Ibarra.

La medida provocó una confrontación con la alcaldesa de Solidaridad (Playa del Carmen), Laura Beristain Navarrete, quien dijo que defendería ante las instancias legales la autonomía municipal manifiesta en el artículo 115 Constitucional.

En respuesta, el mandatario advirtió que quien no se sujete a la nueva disposición enfrentará sanciones políticas, administrativas y penales. El 16 de mayo, dos días después de que entró en vigor el mando punico policial en el estado, en Playa del Carmen fue asesinado el periodista Francisco Romero Díaz, dueño del portal Ocurrió Aquí.