Padres de los niños que murieron el 19 de septiembre de 2017 en el colegio Enrique Rébsamen se deslindaron de cualquier tipo de arreglo reparatorio con la directora Mónica García Villegas. Aseguraron que a sus hijos los mató la corrupción, por lo que debe ser procesada y castigada para garantizar que no se repita esa situación.

Expresaron que la única forma de tener un poco de paz y tranquilidad es que se haga justicia, y eso no se logra con poner precio a sus hijos, porque ninguna cantidad de dinero se los va a devolver.

Acompañados de su abogado, los familiares se mantuvieron firmes en su decisión de impedir que por medio de un proceso abreviado, Miss Mónica, como se le conoce a la ahora procesada, pueda salir de prisión.

Alejandro Jurado, padre de Paola, expresó: Mi hija falleció a causa de la corrupción, por eso buscamos justicia. No buscamos dinero, no buscamos un puesto político, como nos han querido ver, sino justicia.

Expuso que formaron un asociación para que esto no vuelva a suceder, para que las escuelas sean seguras, llámese privada o pública; que no sean una tumba como fue el Rébsamen, y que tampoco haya corrupción ni impunidad.

Por su parte, el abogado Enrique Fuentes reconoció el trabajo de la Procuraduría General de Justicia (PGJ); no obstante, indicó que “si existiera alguna componenda nosotros nos oponemos a que se haga entrega de la recompensa.

Al respecto, la subprocuradora de Procesos de la PGJ, Alicia Rosas Rubí, informó que a más tardar el 12 de junio se determinará si se entrega la recompensa de 5 millones de pesos a la persona que proporcionó información fidedigna para detener a Mónica García Villegas.

En tanto, la procuradora Ernestina Godoy reconoció que los delitos de homicidio culposo y uso de documentos falsos por los que García Villegas fue vinculada a proceso no son graves, pero los argumentos jurídicos llevaron a jueces a dictar sanciones muy altas por el número de víctimas, aunque dijo que puede proponer un acuerdo reparatorio para salir en libertad, lo cual corresponderá decidir a los familiares de las víctimas.

La abogada de la ciudad indicó que en este proceso la PGJ va a estar del lado de ellos. Existe la posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio no sólo económico, sino integral, y vamos a colaborar con ellos en lo que decidan, mientras la imputada continuará en el centro penitenciario de Santa Martha.

Sin embargo, el abogado de los padres manifestó que lo único que buscan es justicia y se apliquen las sanciones que pudieran corresponder a los responsables, fueran autoridades o directores responsables de obra. Estamos solicitando la investigación y en su caso las vinculaciones a proceso de las personas que faltan. Dijo que hay cinco funcionarios públicos, pero en total son ocho o diez.