La Secretaría de la Función Pública iniciará una investigación contra el delegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí, para determinar si existe conflicto de intereses en su desempeño como funcionario y su calidad de empresario de empresas farmacéuticas. Por instrucción presidencial, se determinó iniciar las indagatorias y revisar si de ello se desprendería la posible separación del cargo.

Durante su conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre las imputaciones en contra de Lomelí, quien habría obtenido contratos por adjudicación del gobierno federal en esta administración.

Que se realice la investigación, “para proceder si hay una responsabilidad. Tenemos también que ser justos, porque en todo esto hay lo que se conoce coloquialmente como grilla”, indicó.

–Hay documentos, Presidente, no es grilla política –se le dijo.

–No, no, no, la denuncia la hicieron en Jalisco, y el señor que está implicado fue candidato a gobernador y el gobierno que lo está cuestionando es uno surgido de un proceso electoral, fueron los que ganaron –respondió sugiriendo que el mandatario estatal, Enrique Alfaro, a quien no mencionó, estaría detrás de las imputaciones.

–Entonces, no va a considerar suspenderlo en lo que se investiga?

–No, no,no, nada más estoy subrayando, porque siempre en estas cosas uno se pregunta: ¿y de parte de quién? Para saber de dónde viene. Eso no significa que no se va a investigar y a castigar a los responsables.

Posteriormente, en entrevista, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, dijo que será hasta concluida la investigación cuando se determine si se debe separar del cargo a Lomelí.

–¿Hay conflicto de intereses? ¿Se tendría que separar de su cargo?

–Se está haciendo una investigación de oficio. Eso no se puede resolver a la ligera

–¿En el caso del presidente de la Comisión Reguladora de Energía usted sugirió que se separara del cargo antes de la investigación?

–Hay una investigación de oficio, de acuerdo con la instrucción del Presidente.

Al debate del tema se sumó la oposición en la Cámara de Diputados, misma que se incorporó a los reproches contra el gobierno federal por el supuesto conflicto de intereses en que habría incurrido el delegado de la administración actual en Jalisco.

Fundados en la información de un organismo privado de transparencia –ligado a una élite empresarial–, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD acusaron que nueve empresas propiedad de Lomelí han sido beneficiadas desde el periodo anterior por dependencias y gobiernos estatales de diferentes partidos, así como en la actual administración, y demandaron se investiguen las ventas sin licitación.

El tema “no es partidista ni de grilla o politiquería”, sino de respuesta inmediata debido al cargo que actualmente desempeña Lomelí como delegado federal, expusieron los coordinadores en un comunicado.

(Con información de Enrique Méndez y Roberto Garduño)