Los jueces que han conocido de amparos promovidos por funcionarios en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, sobre la disminución de sus salarios y que indica que nadie puede ganar más que el presidente de la República, deben pronunciarse en favor de los solicitantes y las autoridades tendrán que cubrir de manera retroactiva los salarios de los quejosos si es que en sus juicios no se les concedió la suspensión provisional, consideraron integrantes del pleno del máximo tribunal.

Lo anterior, señalaron los entrevistados, se debe a que en la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se consideraron inconstitucionales diversas fracciones de la legislación y entre ellas que el Congreso debe establecer las reglas bajo las cuales se determina el límite salarial del presidente de la República y de allí se debe partir para establecer el resto de las percepciones de los funcionarios públicos.

En ese contexto, la SCJN dio a conocer que aceptó a trámite las acciones de inconstitucionalidad recientemente promovidas en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otra por un grupo de senadores.

Los ministros entrevistados mencionaron que a lo largo de la discusión con la cual se resolvieron las acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y 108/2018, no se acordó lo que procedería o qué efectos tendría la sentencia que se dictara para resolver los amparos presentados contra la legislación, y ello toma importancia, luego de que durante las discusiones que sostuvieron los integrantes del Pleno, se acordó declarar inconstitucional la manera en que el Poder Ejecutivo determinó el tope salarial de los funcionarios públicos, que es de 108 mil pesos, salario que se definió para el Presidente de la República.

De esa manera, la mayor parte de los 4 mil 599 juicios de amparo presentados y que incluyen a más de 25 mil servidores públicos que impugnaron la disminución salarial, ahora tendrá que resolverse a su favor, de acuerdo con lo señalado por los ministros entrevistados, por que las discusiones que siguen en este tema ya tendrán que bordar sobre el contenido de la legislación aprobada en marzo pasado, y no como lo hicieron en las acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y 108/2018, en las que se impugnó el contenido de esa norma con respeto a lo que aprobó el Congreso en el tercer cuatrimestre de 2018.

Lo anterior, toda vez que si bien quedan pendientes de resolver tres controversias constitucionales contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, sus impugnaciones están encaminadas a combatir la entrada en vigor de la Ley de Egresos de la Federación y que los poderes Ejecutivos y Legislativo los incluyeran en la reglamentación siendo órganos autónomos que pueden decidir de manera libre los salarios de sus funcionarios y cuyos ingresos están protegidos hasta que concluya el periodo para el que fueron electos, en este caso los comisionados del Instituto Nacional Electoral, los miembros de la CNDH y del Instituto Nacional de Geografía y Estadística.