Nueva York. El Departamento de Justicia de Estados Unidos formuló 17 nuevos cargos, de acuerdo con la Ley de Espionaje de Estados Unidos, contra Julian Assange, director fundador de Wikileaks, al ampliar el caso para la extradición, lo que alarmó a periodistas y defensores de la libertad de expresión en este país.

Los cargos revelados ayer por el Departamento de Justicia del régimen de Donald Trump culpan a Assange por su papel en la publicación y difusión de cientos de miles de documentos militares y diplomáticos clasificados que fueron entregados a Wikileaks por el entonces analista de inteligencia Chelsea Manning, en 2010.

La acusación formal afirma que Assange, Manning y afiliados de Wikileaks “compartieron el objetivo común de subvertir restricciones legales sobre información clasificada y difundirla públicamente”. Agrega que con ello también se revelaron identidades de fuentes humanas que entregaban información a Estados Unidos, y con ello ponerlos en riesgo (vale señalar que el gobierno de Estados Unidos no ha logrado comprobar un solo caso de estas consecuencias durante los últimos años).

El Departamento de Justicia afirmó que las acciones de Assange provocaron serios daños a la seguridad nacional de Estados Unidos en beneficio de nuestros adversarios. Las autoridades insistieron ayer en que Assange no es periodista, tratando de evitar que se les acuse de que este caso amenaza la libertad de prensa, algo que no lograron.

El Comité de Reporteros por la Libertad de la Prensa casi de inmediato emitió una declaración en la cual afirmó que el uso de la Ley de Espionaje para criminalizar la recepción y la publicación de información clasificada representa una amenaza grave para los periodistas que buscan publicar tal información en el interés público y que eso no tiene que ver con que si las autoridades califican o no a Assange como periodista.

Joel Simon, director ejecutivo del Comité de Protección de Periodistas, afirmó que esta acusación contra Assange es un ataque a la Primera Enmienda (de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión) y una amenaza a todos los periodistas de cualquier lugar que publican información que los gobiernos prefieren mantener secreta. La libertad de prensa en Estados Unidos y en el mundo está en riesgo por este enjuiciamiento.

Edward Snowden, ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional que detonó un debate mundial sobre el espionaje masivo de ciudadanos por el gobierno, publicó ayer en un tuit: “el Departamento de Justicia acaba de declarar la guerra no contra Wikileaks, sino contra el periodismo. Esto ya no se trata de Julian Assange: este caso decidirá el futuro de los medios”.

Wikileaks respondió, también en un tuit: esto es locura, es el fin del periodismo sobre seguridad nacional y de la Primera Enmienda.

Defensores de la libertad de prensa insisten en que lo que hizo Wikileaks no es diferente de lo que hace cualquier medio que obtiene y divulga información sobre los gobiernos. Más aún, señalan, la Ley de Espionaje se ha aplicado tradicionalmente contra funcionarios del gobierno, y no contra periodistas y medios. De hecho, Barack Obama, quien se distinguió por usar dicha ley contra filtradores más que cualquier otro presidente en la historia, decidió no proceder contra Assange, justo por sus implicaciones contra la libertad de prensa.

Una primera acusación contra Assange fue formulada en secreto en marzo de 2018 ante un tribunal de Virginia, donde se afirma que el australiano conspiró con Manning para realizar una intrusión ilegal de un sistema de cómputo del Pentágono, y con la cual se inició el proceso de su extradición de Gran Bretaña, donde está encarcelado por haber violado su libertad bajo fianza. Los nuevos cargos ampliarán –aunque potencialmente complicarán– la solicitud de extradición que Washington impulsa ante las autoridades judiciales británicas.

Assange fue arrestado en abril por policías locales y sacado a la fuerza de la embajada de Ecuador en Londres, donde estuvo asilado durante más de seis años.

En tanto, Manning, quien cumplió siete de los 35 años de su condena por filtrar los documentos a Wikileaks, antes de que el presidente Barack Obama le otorgara clemencia, está de regreso en la cárcel por negarse a testificar por segunda vez ante un gran jurado en contra de Assange.

Los documentos clasificados filtrados fueron publicados por diversos medios en varios países en colaboración con Wikileaks, incluyendo La Jornada, lo que quedó documentado en el libro México en Wikileaks. Wikileaks en La Jornada. Memoria de una aventura periodística. Pedro Miguel, coordinador. México 2012. Ediciones La Jornada.