Diputados y senadores de los partidos Morena, Verde Ecologista de México (PVEM), del Trabajo (PT) y de la Revolución Democrática (PRD) solicitaron a la Comisión Permanente que el próximo 5 de junio realice una sesión solemne para conmemorar el décimo aniversario luctuoso de los hechos ocurridos en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, donde murieron en un incendio 49 niños y niñas y 60 más sufrieron quemaduras y daños permanentes a su salud.

Se trata, subrayan los legisladores en su propuesta, de un suceso histórico que merece ser reconocido y recordado desde las instituciones del Estado como hecho trascendente por la pérdida irreparable de vidas de niñas y niños, por las afectaciones a la salud de los menores, padres, madres y familiares, por el derecho a la memoria, a la verdad y la justicia de todas y todos.

Los legisladores refieren en el punto de acuerdo que se presentó la propuesta en la sesión de la Comisión Permanente, y que fue turnado a comisiones para su dictamen, que persiste la impunidad en este caso tan doloroso.

Madres y padres, señalan los legisladores, emprendieron también una lucha porque las muertes de esos menores pudieran servir a la causa por proteger a todas y todos los niños del país, quienes reciben servicios públicos de cuidado; para impedir la repetición, que vuelva a perderse una vida humana por acción u omisión de cualquier autoridad. Una determinación de vida, que la muerte de sus niñas y niños no fueran en vano.

Como resultado de esa lucha, surgió la llamada Ley 5 de junio, como ellas y ellos mismos, con la sociedad organizada, decidieron llamarle. La aprobación por el Congreso de esa ley fue una respuesta positiva del Estado mexicano, pero que, en todo caso, tiene como protagonistas, autores e impulsores, a las madres y los padres de las víctimas de los sucesos funestos de la guardería ABC.

Los senadores y diputados que presentaron la propuesta de realizar una sesión solemne para conmemorar el 10 aniversario luctuoso de los hechos ocurrido en la guardería ABC, indicaron que la Ley 5 de junio indica la concurrencia entre la Federación, los estados, los municipios, así como de los sectores privado y social, en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, y busca garantizar el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuada, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos.