e pronto se ha producido una serie de detenciones o acciones judiciales que potencian al obradorismo y reinstalan la esperanza de cambio como motor político (y electoral). La detención del empresario Alonso Ancira y la orden de aprehensión contra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin están en la cumbre de esta acometida justiciera. Además, han sido detenidos los contrapunteados jefes de los principales grupos delictivos de la capital del país (apodados El Tortas y El Jamón: directivos de la Fuerza AntiUnión y la Unión Tepito), se aprehendió al directivo de Ficrea (Rafael Olvera Amezcua) acusado de un fraude masivo contra ahorradores y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ha adelantado que se está afinando el proceso de extradición de su antecesor priísta César Duarte.

La acumulación de buenas noticias justicieras (a unos días de elecciones estatales, que incluirán el relevo de gobernadores en Puebla y Baja California) tendrá desenlaces disímbolos pero, por lo pronto, desentrampa al presidente López Obrador, luego de un reciente acopio de circunstancias negativas o, cuando menos, muy polémicas. Por ejemplo, es probable que no terminen siendo tan profundas las incisiones en el cuerpo hasta ahora indemne de la corrupción institucional heredada (ayer mismo, el fiscal general, Alejandro Gertz, puntualizaba que la orden de captura de Lozoya no tiene relación con el caso Odebrecht, aunque mantenía el suspenso al decir que lo visto hasta ahora no es todo lo que habrá de verse), pero también es cierto que el lance de las órdenes de aprehensión (una, cumplida en España; otra, pendiente de ser cumplida) y la recuperación del espíritu punitivo contra los grandes ladrones de la historia política reciente han ganado inmediata aceptación en amplios sectores sociales y reflotan la confianza en que la amnistía contra corruptos, anunciada y sostenida durante el primer tramo del obradorismo gobernante, dé paso a eficaces batallas judiciales que sean congruentes con el sentido de la justicia.

Por lo pronto, el expediente Lozoya-Ancira ha sido escalado a niveles extraordinarios. El abogado Javier Coello Trejo, especializado en la representación legal de personajes de poder y de dinero que estén en situaciones de conflicto (en este caso Lozoya Austin) ha metido al baile del escándalo y el amago judicial ni más ni menos que al ex ocupante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, y a una parte de los miembros de su gabinete, es decir, a aquellos que participaron en los consejos de administración de Pemex (Luis Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell e Ildefonso Guajardo, por ejemplo) y que, por tanto, habrían aprobado las operaciones mercantiles irregulares o francamente delictivas que ahora le son endilgadas sólo a Lozoya y a Ancira.

El abogado Coello Trejo no utilizó un lenguaje atenuante o esquivo. Hizo señalamientos secos que en una nación con salud democrática estarían provocando una gran conmoción: “Citaría (a diligencias judiciales en el caso Lozoya) hasta el presidente Peña Nieto para que declare, porque no se movía una hoja si no era por instrucciones del presidente. (…) Lo único que sí sé es que muchas operaciones se hicieron con la conciencia y convicción de que el presidente las ordenó”.

Como en película de mafiosos, el mensaje es claro: si Lozoya cae, o es dejado a su suerte, su jefe y ex compañeros de gabinete podrían acompañarlo en el desastre. Habrá de verse, en ese contexto, si los procesos contra Lozoya y Ancira quedan circunscritos al terreno específico de Altos Hornos y la empresa Agronitrogenados o se extienden con contundencia (no como suerte secundaria y prescindible) al terreno minado de Odebrecht, el financiamiento con dinero extranjero de la campaña presidencial de Peña Nieto y la complicidad o dirección ejecutiva de éste en las maniobras de corrupción que cumplió Lozoya.

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