La actual administración de la alcaldía Iztapalapa estaba obligada a suspender la obra de La Quebradora, ya que no contaba con manifestación de impacto ambiental (MIA); de haber continuado los trabajos se incurría en una irregularidad más, informaron las autoridades de esa demarcación territorial.

La entonces delegación Iztapalapa omitió, pese a ser una obligación que establece la ley en todas las obras, ingresar la MIA; por eso, al no contar con la evaluación ambiental tampoco se tenía dictamen técnico sobre la viabilidad hídrica que debió emitir la Secretaría de Medio Ambiente.

Ante el incumplimiento, la Dirección General de Regulación Ambiental de esa dependencia requirió la realización del estudio de daño ambiental y una vez más la entonces delegación presentó este estudio sin la información suficiente para que la autoridad pudiera evaluar el daño ambiental por la construcción del parque hídrico.

Por las evidencias, la alcaldía aclaró que no se encontró frente a un asunto en trámite, sino ante el incumplimiento reiterado por parte de la delegación y el vencimiento a todos los plazos previstos por la ley para presentar un documento obligatorio.

Interviene Contraloría

Tras esas anomalías, la dirección de regulación tuvo que suspender los trabajos con una resolución administrativa, es decir, que la obra se suspendió debido al incumplimiento de la entonces delegación Iztapalapa y ante la ausencia de elementos esenciales para determinar tanto su impacto ambiental como sus consecuencias en la función reguladora de las escorrentías de la Sierra de Santa Catarina.

La investigación la efectúa la Contraloria Interna de Iztapalapa, como lo señaló hace unos días la alcaldesa Clara Brugada, por lo cual será dicha instancia la que determine la responsabilidad de servidores públicos.

Asimismo, la alcaldía ha documentado que del primero de octubre de 2018 a la fecha, que se habían efectuado pagos sin contar con las estimaciones, soporte documental y evidencia física del trabajo realizado, lo que quiere decir se había pagado de forma irregular por trabajos no realizados.

Sobre los pozos de absorción, la alcaldía detalló que se pagaron 4.7 millones de pesos por esos tanques que no absorben nada, lo cual también está en revisión por la Contraloría. Estas omisiones también afectaron la capacidad de captación y filtración de agua en la zona.