Entre abril de 2018 y abril de 2019, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) formuló nueve denuncias penales en contra de igual número de servidores públicos de ese organismo del Poder Judicial de la Federación (sin precisar si son jueces, magistrados o funcionarios administrativos relacionados con la impartición de justicia), entre ellos dos casos de enriquecimiento ilícito y dos de hostigamiento sexual.

En respuesta a una solicitud de información que fue formulada por La Jornada, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal señala que durante el lapso mencionado no recibió ninguna petición de la Fiscalía General de la República (FGR) para permitir que se ejercitara acción penal en contra de algún juez o magistrado; sin embargo, a través del comunicado 15/2019, la Dirección General de Comunicación Social de ese organismo reconoció que el pasado 23 de mayo se negó a aprobar una solicitud de separación del cargo formulada por el Ministerio Público en contra de dos magistrados, y la petición de la entonces PGR fue recibida en la Judicatura en noviembre pasado.

Se preguntó al CJF respecto del número de ocasiones en que la FGR o alguna subprocuraduría o agente del Ministerio Público hayan solicitado autorización para proceder en contra de algún funcionario del Poder Judicial de la Federación, y la respuesta se dio a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del CJF mediante el oficio DGA/6018/2019 de fecha 22 de abril, en que el secretario técnico de Asuntos Penales refirió: No se han presentado asuntos que encuadren en el supuesto señalado por el requeriente dentro del periodo establecido. Haciendo mención, que ni la presente Secretaría Técnica.

En ese contexto, la dirección antes referida informó: El área a mi cargo cuenta con el número de denuncias penales que se han presentado de un año a la fecha en contra de funcionarios del CJF, las cuales ascienden a nueve en total, respecto de las cuales esta Secretaría Técnica cuenta con la facultad de denunciar hechos posiblemente constitutivos de delito para su investigación, sin catalogar las acciones a un tipo penal específico y/o calificarlos jurídicamente, en virtud de que el encargado de llevar a cabo tales acciones es la autoridad correspondiente.

Indicó que los casos detectados –desglosados por fecha y tipo de delito que se presume cometieron–, quedaron de la siguiente manera: en abril de 2018 ocurrió el delito de amenaza; en junio del año anterior se denunciaron un caso de robo y otro de hostigamiento sexual; en julio del mismo año, un caso de usurpación de profesión; en septiembre de 2018, se reportaron dos casos de falsificación de documentos; en octubre, un caso de robo; en febrero de este año, un reporte de hostigamiento sexual y enriquecimiento ilícito, y en marzo pasado uno de enriquecimiento ilícito.