La probabilidad de éxito en la persecución de los delitos más violentos y recurrentes en la Ciudad de México ha ido disminuyendo porque la Procuraduría General de Justicia (PGJ) carece de “una política institucionalizada de sistematización de información que permita conocer los patrones delictivos y los modus operandi de los distintos grupos criminales”, indica el primer informe de la comisión técnica para la transición de esa dependencia a fiscalía general de justicia de la capital.

El documento que elaboraron los siete ciudadanos que forman esa comisión nombrada por el Congreso local plantea los lineamientos con que se pretende que para enero de 2020 la nueva fiscalía ofrezca acceso a la justicia expedita a los capitalinos víctimas de delito.

En la actualidad el tiempo promedio en que una persona puede interponer una denuncia es de más de cuatro horas y sin importar la gravedad del delito es imprescindible la presencia física, por lo que la comisión plantea eliminar la ratificación in situ para las actas de hechos y algunos delitos de querella.

Las tecnologías de información de la PGJ deben generar un sello electrónico de autenticidad –cadenas o QR (siglas de quick response barcode, código de barras de respuesta rápida)– que permita al ciudadano comprobar que su acta o querella fue recibida y darle seguimiento o, de ser el caso, recibir una explicación de los motivos por los cuales no prosperó.

Se propone que el tiempo se reduzca a 15 minutos con la elaboración de nuevos registros de denuncia por las unidades de atención temprana –que requiere de una selección adecuada de personal, cuyos nuevos perfiles serán definidos por la comisión técnica– que atienda casos seleccionados que no representan lesión grave a los bienes jurídicos y los distintos a un hecho penal, como asuntos familiares, civiles, laborales y administrativos, entre otros.

“Debe introducirse la idea de que los fiscales no son los únicos servidores públicos capaces de sacar adelante los casos que llegan vía denuncias al Ministerio Público (MP), refiere el diagnóstico en el que se impulsa el cambio de procesos en la primera fase de la investigación penal, con la fortaleza de la segmentación de casos, lo que permitirá investigar con éxito el mayor número de hechos y disminuir los que vayan a una sede judicial.

Los mecanismos de denuncia en la PGJ son insuficientes, opacos, lentos y permeables a la corrupción, lo que explica que se tenga una de las tasas más bajas en la atención del delito, pues sólo uno de cada 10 delitos se denuncia.

La labor de los agentes del Ministerio Público que integran averiguaciones previas sin detenido se convirtió en un trabajo mecanográfico y administrativo, es decir, que lejos de conducir una investigación se dedican a construir un expediente.

Además, las condiciones de la infraestructura en la que operan las agencias ministeriales difícilmente pueden empeorar, porque se requiere capacitación técnica y presupuestal para el manejo de cadáveres, la recolección de evidencias y la cadena de custodia. A lo que se suman carencias de papelería, computadoras, impresoras y hasta sanitarios.

Mientras la Policía de Investigación está integrada por elementos que además de ser insuficientes requieren capacitación, patrullas, gasolina y equipos de comunicación adecuados, indica el diagnóstico.

En esas condiciones, no debe sorprender que las víctimas de delito no tengan muchos incentivos para presentarse a denunciar. No sólo les va a tomar mucho tiempo y pocas posibilidades de que el daño sea resarcido, sino que en la agencia no encontrarán una silla para esperar o un sanitario digno.