INECC presenta evaluación estratégica
Se crean leyes federales, pero en tres entidades faltan programas y a nivel local no hay acceso a la información
Viernes 7 de junio de 2019, p. 36
La política ante el calentamiento global debe ser transversal y aún no ha permeado en los sectores económicos ni en mecanismos de planeación de las dependencias. Falta fortalecer en los gobiernos estatales y municipales el conocimiento del tema y el desarrollo de capacidades, señala la evaluación estratégica de la política nacional respectiva presentada ayer por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc).
Se encontró que hay avances en la información pública gubernamental disponible para hacer frente al cambio climático, principalmente en el ámbito federal. Pero en las entidades el acceso a la información es complejo, prácticamente inaccesible o inexistente en el ámbito municipal, indica el reporte.
Aún hay tres entidades del país que carecen de una ley en materia de cambio climático, se trata de Nuevo León, Tlaxcala y Campeche. Otras seis han hecho modificaciones legales para incluir el tema y hay 23 con leyes específicas.
El documento comentado durante el foro Lecciones aprendidas de la evaluación subnacional de la política nacional de cambio climático, revisa las políticas, programas y acciones públicas en temas de mitigación en generación de energía eléctrica, transporte y la gestión de residuos sólidos urbanos y en el tema de adaptación se analiza la capacidad de respuesta y vulnerabilidad a sus efectos.
El estudio se centró en los estados de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Yucatán; así como en 18 municipios, entre ellos, Ecatepec, Toluca, Guadalajara, Monterrey, Puerto Vallarta, Culiacán, Veracruz y Mérida. De los seis estados seleccionados, tres tienen una ley específica (estado de México, Jalisco y Veracruz), cinco tienen programas de acción y Sinaloa no cuenta con ninguna herramienta o plan.
En los programas se encontraron deficiencias en el diseño, como la falta de objetivos generales y específicos, así como de enfoque de integración territorial y la ausencia de esquemas de participación social para identificar aspectos socioambientales con mayores impactos en el territorio.