l diferendo que mantienen trabajadores del ayuntamiento de Chilpancingo afiliados a la sección 28 del Suspeg y el alcalde Antonio Gaspar Beltrán, es muestra no sólo de la escasa cultura financiera de los mexicanos en general, y de sus políticos en particular, que los lleva a no prever los desastres económicos que pueden derivarse de decisiones que toman, sino también del vacío de autoridad de instancias que están por encima de los cabildos y de los presidentes municipales, de manera señalada, el Congreso local y la Auditoría Superior del Estado.

Es usual que los ediles promuevan la contratación de más personal del que el gobierno municipal necesita o puede pagar. La motivación, casi siempre, es apoyar a los familiares, a los amigos, a sus partidos o grupos políticos y a otras personas con quienes mantienen relaciones de otro tipo. Pero también puede ser que lo hagan como pago de favores políticos o para devolver préstamos en efectivo o en especie.

El caso es más grave cuando, para dar lugar a sus allegados, el presidente municipal y sus colaboradores despiden a trabajadores sin apegarse a lo que ordena la ley para esos casos, porque entonces es seguro que tal decisión acabe en una demanda en los tribunales laborales que puede costar mucho a las finanzas municipales.

Sin saberlo, o quizá sin que les importe, han hipotecado el futuro de los gobiernos que les ha tocado en suerte dirigir, pues tarde o temprano tal desbalance financiero acaba por hacer crisis y postrar a los ayuntamientos en la parálisis para llevar a cabo sus funciones sustantivas, que son dar servicios básicos a la población.

Así se generan situaciones como las que vive ahora el ayuntamiento de Chilpancingo, si bien el alcalde considera que su gobierno es víctima de una especie de discriminación del gobierno federal, que se expresa en el hecho de que, por ejemplo, Acapulco recibirá un apoyo de 600 millones de pesos este año para invertirlos en las colonias más pobres e inseguras, apoyo con el que no contará el gobierno capitalino.

Pero nadie estaría discutiendo estas cuestiones si el Congreso y la Auditoría Superior del Estado tuvieran más injerencia en las decisiones financieras de los alcaldes. ¿Asumirán los representantes populares de la actual legislatura esa tarea? El manejo del conflicto con los trabajadores del Congreso permite augurar que no.