Hoy se llevará a cabo la junta de aclaraciones de la compra consolidada de medicamentos y material de curación. Uno de los principales cuestionamientos de los laboratorios es que se haya convocado a una licitación internacional abierta, a la que pueden acceder China o India donde hay grandes productores de bajo costo.

Esas empresas consideran lo anterior ilegal y podrían impugnar el proceso, sobre todo las trasnacionales, cuyo margen de ganancias se vería afectado si se permite la participación de países asiáticos.

La posibilidad de que se impugne la licitación no es tan lejana por varias razones, entre ellas, que la Secretaría de Salud (Ssa) no incluyó entre los requisitos la obligación –existente desde hace años– de presentar un certificado de buenas prácticas de manufactura.

Sobre el carácter del concurso, advierten que, por ley, debe haber una convocatoria nacional o con la cobertura de tratados donde participan países con los que México tiene acuerdos comerciales. Sólo cuando estos procesos se declaran desiertos, se procede a la licitación internacional abierta, subrayaron integrantes del sector.

La potencial afectación es de tal magnitud que los fabricantes han recurrido a las embajadas de sus países de origen (Francia, Alemania, Suiza) para que intercedan ante Raquel Buenrostro, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien elaboró la convocatoria para la licitación LA-012000991-E82-2019, publicada el pasado 5 de junio.

Otras preguntas de los fabricantes tienen que ver con la certeza jurídica para la firma de contratos y pago puntual. También pedirán claridad sobre la investigación de mercado, cuyos resultados deben ser públicos.

En el análisis del documento con las bases para la compra consolidada, primera de esta administración, algunos laboratorios identificaron como irregularidad la falta de precisión sobre las partidas presupuestales, lo cual conlleva el riesgo de falta de pago de las instituciones de salud y gobiernos estatales.

Además, califican de problemático que se incluyeran claves de insumos que fueron contratados en la compra de finales de 2018 por la administración anterior. Esos convenios están vigentes, lo que significa que tendrían que cancelarse, con las repercusiones legales y económicas que eso implica.

Sobre los precios, la mayoría de los laboratorios consultados señaló que Hacienda fijó precios muy castigados. Sólo de medicamentos son mil 49 claves, de los que para mil 19 se fijaron precios máximos de referencia, de 15 pesos en promedio. En tanto, para 30 claves de alto volumen, cuyos contratos se asignarán mediante ofertas de descuento subsecuente (subasta en reversa), el precio medio es de 16.34.

Otro asunto que subrayaron es la imposibilidad de cumplir con los plazos para la entrega de los productos si obtienen los contratos. Apenas dos semanas, si se toma en cuenta que el fallo se emitirá el 20 de junio y las entregas han sido programadas a partir del 1º de julio.