La Secretaría de Salud (Ssa) suspendió la junta de aclaraciones para la compra consolidada de medicinas y materiales de curación, radiológico y de laboratorio prevista para ayer debido a que aún no están listas todas las respuestas a la gran cantidad de preguntas de los fabricantes.

Mientras las empresas siguen buscando que alguien en el gobierno los escuche, la tarde del lunes representantes de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) se reunieron con Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, a quien le expusieron los riesgos legales de la licitación por su carácter de internacional abierta, cuando la ley prevé que primero se convoque a un concurso nacional o internacional pero bajo la cobertura de tratados.

También le advirtieron sobre la afectación a la calidad de los medicamentos si no se garantizan las condiciones de seguridad en su traslado, porque de acuerdo con la convocatoria difundida el 5 de junio, sólo podrán participar los laboratorios que sean dueños de los registros sanitarios de los productos. Eso deja fuera a los distribuidores, que son los que cuentan con la infraestructura para garantizar la entrega segura de las medicinas.

Sobre el tema que ha sido motivo de controversia, la convocatoria se limita a señalar que los licitantes deberán realizar sus entregas en siete almacenes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la zona metropolitana del valle de México, el Centro Nacional de Distribución del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Tlanepantla y en la sede del laboratorio Biológicos y Reactivos de México (Birmex) en Cuautitlán Izcalli.

Los representantes de Canifarma explicaron a Romo que ni el IMSS ni el Issste cuentan con la tecnología para preservar la calidad, seguridad y eficacia de los fármacos, sobre todo aquellos que deben mantenerse en condiciones específicas de temperatura y humedad. Por eso, dijeron al empresario, la decisión de vetar a las distribuidoras debería reconsiderarse de alguna manera.

Una alternativa podría ser que en el precio de los insumos se incluya el costo de la distribución y que cada licitante se haga responsable de las entregas con las empresas de su elección.

Otro tema expuesto a Romo fue el relativo a la posible aprobación fast track de registros sanitarios para medicamentos fabricados en otros países, lo que afectaría a los laboratorios que han invertido en México, generan empleos y contribuyen al desarrollo económico nacional.

El jefe de la Oficina de la Presidencia adelantó que trataría el asunto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, ayer –luego de que por la mañana se suspendió la junta de aclaraciones– la responsable de ese encuentro, Mónica Aimée Osante Ramos, subdirectora de Adquisiciones de Insumos Médicos, citó para reanudarlo por la tarde.

No obstante, en esa segunda cita la funcionaria informó que derivado del número de solicitudes de aclaración recibidas que no se han terminado de responder, volvió a suspender la junta, la cual se reanudará hoy (miércoles) a las 17 horas. Hasta anoche, los funcionarios encargados del proceso seguían trabajando en las respuestas.