l proyecto general de gobierno hoy en México tiene un sustento válido en las precarias condiciones sociales del país, generadas durante muchos años, más incluso de los 30 señalados del periodo neoliberal.

El problema es que todo proyecto tiene que convertirse en plan y luego implementarse. Hasta ahora, a poco más de seis meses, no se ha marcado de modo claro un rumbo ejecutable para conseguir impulsarlo pragmáticamente en la medida de los ambiciosos objetivos propuestos. Ciertamente es aún poco tiempo, sin embargo, son muchas las discordancias que se han ido generando.

El gran tema con que AMLO consiguió la Presidencia y mantiene como mensaje central de gobierno es el combate a la corrupción. Esto se justifica también, sin duda, por el grado de penetración que ha alcanzado a todos los niveles posibles.

Es a este asunto, considerado de manera amplia, al que achaca en esencia la situación social de desigualdad y atropellos que priva en el país.

Es, además, una condición con la que se identifica la población, pues la padece de una u otra forma: desde las pautas prevalecientes para la apropiación de los recursos, hasta la desatada criminalidad e inseguridad en todo el territorio.

Combatir la corrupción es un objetivo mayúsculo y del mismo tamaño es la dificultad para conseguirlo. Hasta ahora el mecanismo principal que se ha utilizado es la contracción del gasto público, la sequía de recursos disponibles para el abuso y el hurto.

Es impensable que esto por sí solo acabe con el problema que se desborda por todas partes. Además, la austeridad tal como se ha impuesto no es sostenible en términos prácticos. Y esto no debe confundirse con el control del déficit y del endeudamiento como instrumento de la política pública.

No se advierte de modo claro que se consiga establecer lo que puede denominarse como un perfil de utilidad de las propuestas, los mensajes y las acciones del gobierno. Esta es una condición necesaria para que los mensajes que se trasmiten consigan adaptarse al entorno general y a los ámbitos específicos a los que se dirige. Informar puede asociarse, precisamente, con la acción que provee de una forma con contenido sustancial a algo.

Para eso se requiere generar una diferencia política y administrativa que sea productiva, en el sentido de que pueda utilizarse de manera provechosa para hacer o dejar de hacer y encauce las acciones de los distintos agentes sociales en la dirección deseada y en el marco de la legalidad. Hoy parece ser que el ruido es más grande que las señales en la manera de gobernar, y así se traba el cambio mismo que se quiere provocar.

No han sido productivas las diferencias planteadas en cuanto a las grandes obras públicas que se quieren promover, pues no se advierte la necesaria congruencia en la estrategia de la inversión pública y la manera de realizarla.

Tampoco lo han sido en la política social, por ejemplo, en la educación, la salud y el empleo. Lo mismo sucede con la promoción del crecimiento de la actividad productiva, y el rezago que se está provocando en este campo es muy costoso ahora y lo será también cuando se quiera revertir.

Una cuestión impostergable es reducir la inseguridad pública. ¿Qué se necesita para que lo que está ocurriendo se clasifique como una grave crisis? Esa es una pregunta que nos hacemos los habitantes en todas partes y es, por supuesto, la más relevante. La vida misma está de por medio.

Las diferencias del modo de hacer las cosas que se pretende implantar han exhibido también que los márgenes de maniobra en la gestión política y administrativa son estrechos. Así ha quedado expuesto en el caso de la actividad productiva, la estabilidad financiera, el comercio exterior y la política migratoria.

Para que la redistribución del ingreso como medida de atemperar la desigualdad sea sustentable tiene que generarse producto y con ello empleo, salarios y tributación. Esa es una oferta comprensible para todos.

El gobierno no puede generar toda la inversión necesaria para ampliar la base de recursos para la distribución. Requiere el incremento de la inversión privada para alcanzar el crecimiento de 4 por ciento del producto al final del sexenio.

Eso significa pasar de un nivel actual de 20 por ciento de inversión física respecto del producto a 25 por ciento. De esa cifra el gobierno aportaría 5 por ciento, desde el 2.8 que tiene hoy. Y no se trata en ambos casos sólo de los montos de inversión, sino en qué se invierten, la productividad que generan, la rentabilidad que tendrán, sea económica o social, y la localización geográfica. Y todo el proceso lleva tiempo.

Ha dicho el líder ecologista francés Yannik Jadot que no hay sociedad sosegada si hay inquietud sobre el futuro. Si algo escasea en nuestra sociedad es el sosiego.