La indebida atención del personal del Hospital de la Mujer en Ciudad Juárez, Chihuahua, generó que,tras un año de haber dado a luz, una mujer de 19 años de edad perdiera la vida, según acreditó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que determinó que el equipo de ese nosocomio incurrió en violencia obstétrica.

Pese a las evidencias, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) emitió en su momento una limitada recomendación para reparar el daño causado a la víctima.

Por estos hechos, que se presentaron entre marzo de 2015 y marzo de 2016, el organismo nacional dirigió la recomendación 28/2019 al gobernador de la entidad, Javier Corral Jurado, y al ombudsperson local, Néstor Armendáriz Loya.

La CNDH constató que el personal médico no otorgó a la víctima atención adecuada, al omitir realizar un diagnóstico temprano y suministrar un tratamiento oportuno, lo que constituyó un acto de violencia obstétrica. Además, el caso no fue debidamente investigado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para deslindar responsabilida-des entre el personal de salud que la atendió.

Tras analizar el recurso de impugnación, la CNDH estableció que la reparación estimada por la CEDH no garantizó la máxima protección de la víctima y víctimas indirectas, al no considerar la reparación integral con medidas de rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y compensación ante las violaciones a los derechos a la protección de la salud, a una vida libre de violencia obstétrica, a la vida, al interés superior de la niñez, al derecho de información en materia de salud y al acceso a la justicia.

El organismo nacional solicitó al gobernador de Chihuahua que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se repare el daño a las afectadas indirectas, que incluya compensación suficiente, atención sicológica y tanatológica, se les inscriba en el Registro Estatal de Víctimas, colaborar en la presentación de la queja contra el personal de salud que participó en los hechos; instruir a la Fiscalía Estatal para investigar de manera eficaz los casos que con motivo de sus atribuciones estén a su cargo y continuar con la integración de la carpeta de investigación para esclarecer los hechos, entre otras.