La compra consolidada de medicamentos y material de curación sigue su curso, aunque con un nuevo retraso. Una vez concluida la Junta de Aclaraciones, luego de que se pospuso en tres ocasiones, la Secretaría de Salud (Ssa) determinó que la presentación y apertura de proposiciones se realice el próximo lunes.

Ese día informará la fecha para el fallo y las empresas que ganen los contratos deberán entregar los productos en los nueve almacenes señalados en la convocatoria dentro de los siguientes cinco días.

Representantes del sector privado comentaron que el fallo de la licitación tendría que programarse, por lo menos, para el 30 de este mes, es decir, 10 días después de lo previsto en la convocatoria de la licitación. Ahora el reto para las empresas será decidir si presentan propuestas económicas si, de ganar el contrato, tendrán que entregar en un tiempo muy corto.

De por sí la licitación pública internacional abierta LA-01000991-E82-2019 tiene la característica de efectuarse con reducción de plazos, con lo que no están de acuerdo los industriales.

Guillermo Funes Rodríguez, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Industriales y coordinador de la cadena productiva salud del organismo, sostuvo que los laboratorios farmacéuticos nacionales y trasnacionales establecidos en el país, tienen la capacidad para cubrir la demanda de medicamentos e insumos sanitarios e incluso para exportar, pero no pueden producirse en una semana. Como mínimo se requiere un par de meses, dijo.

Descartan desabasto

El empresario, quien hasta marzo fue presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, descartó riesgo de desabasto de medicinas, porque existen en bodegas.

Respecto a las dudas que todavía no se resuelven, Funes comentó que, por ley, los fabricantes son responsables de la calidad de sus medicamentos y productos, desde que lo elaboran y hasta su utilización por los pacientes. No queda claro cómo será ahora que el gobierno fede-ral se hará cargo de la distribución de los insumos.

Advirtió que durante años esa tarea la han efectuado las empresas distribuidoras especializadas con la capacidad logística, la cobertura nacional y los vehículos con sistemas de refrigeración para los medicamentos de alta especialidad. De todas maneras, cualquier efecto adverso o complicación por el uso de los productos, es responsabilidad de los laboratorios, indicó.

Otras dudas de las empresas persisten en varios temas, uno de ellos, que consideran fundamental, son los precios de referencia fijados en la convocatoria.

Al respecto, Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), resaltó que en las compras consolidadas de años anteriores, alrededor de 70 por ciento de las claves se vendieron en su precio más bajo por lo que presionarlos aún más puede aumentar el número de claves desiertas, es decir, que los fabricantes decidan no participar.

Villafranca planteó que una alternativa para evitar el riesgo de desabasto en clínicas y hospitales es que se cancelara la licitación y con el tiempo suficiente se planee la del próximo año y se resuelva de manera clara y segura para todos los acto-res, el tema de la distribución de los productos.

Tampoco ha quedado claro el tema de las participaciones conjuntas para los casos de los productos que se solicitan por grandes volúmenes y sólo se podrían surtir mediante asociaciones entre laboratorios. Esta modalidad ya se ha utilizado, pero bajo la coordinación y responsabilidad de alguna empresa distribuidora que se encargaba de resol-ver cualquier incidencia y garantizar el cumplimiento de los contratos.

Ahora, con las nuevas reglas impuestas por el gobierno federal, los mismos fabricantes se deben poner de acuerdo e implementar algún mecanismo para atender incumplimientos de alguno de los asociados o determinar cuál de los participantes será el responsable del contrato que se trate, entre otros.

Los laboratorios, que deben ser titulares de los registros sanitarios de las medicinas ofrezcan, preguntaron sobre las garantías del pago puntual por parte de las instituciones y entidades federativas. Hasta ahora, este riesgo lo habían asumido los distribuidores y todavía se les deben grandes cantidades de dinero. Sólo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores sigue pendiente el pago de 8 mil millones de pesos de años pasados.