Mazatlán, Sin., Aproximadamente 200 personas desplazadas por la violencia de los municipios de Concordia y Rosario, en el sur de Sinaloa, marcharon por el malecón de este puerto para demandar a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) estatal reanudar las negociaciones para la compra de terrenos donde se construirán viviendas para 420 familias, toda vez que el Congreso local ya autorizó el uso de 30 millones de pesos para ese fin.

Los manifestantes detallaron que el 13 de junio pasado venció el plazo que fijó el gobierno estatal para otorgarles terrenos en Mazatlán, y les urge una vivienda digna, pues están asentados en las cabeceras de ambos municipios donde carecen de servicios básicos.

Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, líder del Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS), señaló que las familias de expulsados están desesperadas porque funcionarios de la Sedeso se comprometieron hace dos meses a entregar terrenos para la edificación de viviendas, que necesitan con urgencia, pues pagan rentas y muchos están desempleados o tienen empleos informales.

El representante del MASS explicó que el pasado 13 de abril Álvaro Ruelas Echave, quien recientemente fue destituido de la Sedeso, avanzó en negociaciones para adquirir siete hectáreas para viviendas. La mitad de los predios estarían en La Raqueta, propiedad del gobierno de Sinaloa, y una superficie similar en la colonia Rincón de Urías. Asimismo, se asignó a la Comisión Estatal de Desplazados la tarea de buscar financiamiento para la construcción.

Sin embargo, el nuevo titular de la Sedeso, Ricardo Madrid, canceló una reunión con los desplazados, a quienes informaría sobre la adquisición de terrenos, y el subsecretario de Gobierno, Marco Osuna, desconoció los avances.

Los manifestantes anunciaron que preparan una marcha por la zona turística de Mazatlán hasta el hotel Ocean Palace, propiedad del gobernador Quirino Ordaz Coppel, a quien culpan de no gestionar recursos ante el gobierno federal ni ante instancias internacionales para reducir la violencia en las comunidades de la sierra, de donde han estado huyendo las familias.

El representante de los desplazados informó que 420 familias ya están inscritas en un censo autorizado por la Sedeso para recibir viviendas y apoyo para proyectos productivos; además, hay una lista de espera de 50 familias desplazadas, a las que se han sumado en semanas recientes otras 81, además de las que huyeron en 2010 de los poblados de El Tecomate, Zapote y La Noria, ubicados en la sierra de Mazatlán, quienes hoy habitan en terrenos invadidos.

Graciela Domínguez Nava, presidenta de la junta de coordinación política del Congreso local, confirmó que los diputados locales autorizaron una partida de 30 millones de pesos para dotar de vivienda a los desplazados.