Madrid. El Tribunal Supremo español dictó una sentencia histórica, en la que por fin establece los criterios jurídicos específicos para diferenciar entre abuso sexual y una violación, que supone el ejercicio de la violencia y la intimidación. En el auto se elevaron de nueve a 15 años las penas contra los cinco jóvenes que perpetraron una violación en grupo en las fiestas de los San Fermines, de Pamplona, en el verano de 2016. La víctima fue una joven que entonces tenía 18 años.

El caso de La Manada se refiere a los hechos que ocurrieron en las fiestas de Pamplona en 2016, cuando una joven madrileña fue interceptada por los cinco hombres y arrastrada hasta el portal de un edificio, en donde fue violada varias veces mientras los agresores se hacían fotografías y se reían de la víctima.

En el fallo original se determinó que se trató de una agresión sexual pero no violación, pues la víctima no opuso resistencia.

El caso conmovió a la sociedad española y puso en el debate público las agresiones sexuales y violaciones que ocurren en las fiestas populares, en las que en la mayoría de las ocasiones las víctimas son mujeres. El caso es similar al que ocurrió en Veracruz en enero del 2015, cuando cuatro jóvenes de familias acomodadas de la ciudad perpetraron una violación grupal contra una adolescente y gozaron de impunidad gracias a que sus padres son funcionarios o ex funcionarios del estado o empresarios poderosos de la región.

En el caso español, la sociedad se movilizó ante indignación que provocaron los primeros fallos judiciales, emitidos por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y que ahora corrigió tanto en el fondo como en la sanción el máximo órgano del Estado. Así, la sentencia además de suponer una condena mucho más dura para los culpables, sienta un precedente en la jurisprudencia y por tanto establece una doctrina en los términos en los que se reclamaba tanto por parte de los partidos políticos como de las organizaciones de lucha contra los abusos sexuales.

Los miembros de La Manada fueron detenidos unas horas después de la sentencia ya que a pesar de la gravedad del caso se encontraban en libertad bajo fianza, a la espera de la sentencia definitiva del caso. Los detenidos son José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escudero. Uno de ellos pertenece a la Guardia Civil y otro al ejército.

Los magistrados del TS aplicaron, además, dos agravantes que elevan la pena: trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas, con lo que se incrementó de nueve a 15 años la pena de prisión para cada uno de los miembros.

Antonio Manuel Guerrero recibió otros dos años de cárcel por el robo con intimidación del celular de la víctima. El tribunal también incrementó a 100 mil euros el importe de la responsabilidad civil a la que tiene derecho la joven.

La sentencia advierte que el relato fáctico describe un auténtico escenario intimidatorio, en el que la víctima en ningún momento consiente a los actos sexuales llevados a cabo por los acusados, ya que sufrió una situación intimidante que hizo que ella misma adoptara una actitud de sometimiento, por lo que hizo lo que sus atacantes le ordenaban por temor a que pudieran hacerle algo peor. Los magistrados consideran que los acusados se aprovecharon de estas circunstancias para atacar a la joven, que sufrió al menos diez agresiones sexuales con penetraciones bucales, vaginales y anales.

El gobierno español, del socialista Pedro Sánchez, se congratuló de la sentencia, al advertir que hoy se ha hecho justicia, con lo que España sigue avanzando en la protección de los derechos y libertades de las mujeres, y no se va a detener.