Puebla, Pue., El estado de Puebla se convirtió en foco rojo a nivel nacional en materia de violencia política contra las mujeres después de la elección de 2018, al registrar la mayor incidencia de las 32 entidades federativas, con 15 denuncias en la materia, de acuerdo con un diagnóstico elaborado por la asociación civil Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis).

Los hechos fueron tan graves que incluso se registraron asesinatos de mujeres que competían por cargos de elección popular, señaló Natalí Hernández Arias, directora general del Cafis, en referencia al homicidio de Juana Iraís Maldonado Infante, candidata a diputada local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), perpetrado un mes antes de los comicios del año pasado.

Al presentar el Diagnóstico multidimensional de violencia política contra las mujeres en las elecciones federales 2018 en el estado de Puebla, agregó que el problema es mayor, pues 81 por ciento de las ex abanderadas que dieron su testimonio al Cafis, señalaron actos de violencia; pero la mayoría no se denunció. Criticó que Puebla es una de las dos entidades que faltan para tipificar como delito la violencia política de género –junto con Guerrero–, situación que complica el combate de esa práctica.

Hernández Arias explicó que en el estudio participaron 15 ex candidatas a diputadas federales, de ellas 21.9 por ciento consideró que la apariencia física es la condición por la que las mujeres son objeto de más discriminación cuando se convierten en figuras públicas.

El 16.7 por ciento mencionó que las mujeres son discriminadas principalmente por su nivel educativo, un porcentaje similar dijo que por la edad; 15.6 por ciento por su condición socioeconómica; 11.5, por ejercer la maternidad y 9.4 por su orientación sexual.

Son víctimas de difamación, ridiculización o burla

El diagnóstico también identificó que los tipos de violencia más recurrentes son: la difamación, ridiculización o burla, al ser referido por 20.4 por ciento de las encuestadas; el menosprecio o nulificación de trayectoria política y social 20.3 por ciento; la invisibilización de sus campañas 17.6 por ciento, y la vivencia de un ambiente hostil en el partido 13.6 por ciento. Además, 16 por ciento de las mujeres mencionó como otras formas de violencia el acoso u hostigamiento sexual, la extorsión o el chantaje, la difusión en medios de comunicación o redes sociales de datos privados, así como los gritos e insultos.

Lo señalado por las encuestadas como principales responsables de esos actos violentos son los medios de comunicación, con 29.9 por ciento, agregó la directora del Cafis.

En segundo lugar, dijo, se encuentran los líderes o militantes del partido, según respondió 23.1 por ciento de las ex candidatas; en tercer lugar, la ciudadanía en general, expresó 19.2 por ciento.

En cuarto, sus contrincantes políticos, refirió 15.4 por ciento; en quinto, dirigentes o militantes de otros partidos políticos, señaló 11.6 por ciento, y en sexto lugar funcionarios vinculados a organismos electorales, expresó 3.8 por ciento de encuestadas.

Natalí Hernández concluyó que resulta imprescindible generar datos confiables que visibilicen y ayuden a comprender el fenómeno desde una perspectiva de género y multidimensional en nuestro contexto, con el propósito de articular una respuesta orientada a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en nuestra entidad.