or décadas la migración en tránsito por México fue subrepticia y discreta. Luego se hizo visible, peligrosa y costosa. Cruzar por el país era un verdadero sacrificio. Eran los tiempos de La Bestia, la época cuando las mafias empiezan a extorsionar a los migrantes en el camino. Y cuando surgen una serie de casas de migrantes a lo largo de las diferentes rutas. La migración era fundamentalmente masculina y laboral.

La crisis económica en Estados Unidos (2008) y el incremento del desempleo, detuvo el flujo y se incrementaron las deportaciones en la época de Obama. Luego en 2012 el patrón migratorio centroamericano cambió de manera radical y, de ser económica y laboral, se convierte en familiar, infantil, juvenil y de solicitantes de refugio. Esta modalidad entró en crisis en 2014 con la llamada crisis humanitaria de Obama y su correlato en México, con el Plan Frontera Sur.

Todo se complica con la llegada de Trump al poder y su política de mano dura con la migración, que ha fracasado en todo sentido, menos en doblarle la mano a México y convertirlo en el culpable de sus fracasos.

En 2018 se desata la crisis de las caravanas. La de abril y luego la de octubre, que se organiza, promueve y planifica en Honduras, y que irrumpe en la frontera sur, con cerca de 7 mil personas. De este modo la caravana se instituye como nuevo patrón migratorio, masivo, organizado y mediático, que fuerza la entrada, demanda solidaridad y busca asilo.

La caravana de octubre es una combinación de migración familiar, reunificación, solicitantes de asilo y migración laboral. De Honduras, 83 por ciento; Guatemala, 8 por ciento: El Salvador, 7 por ciento, y de otros países, 2 por ciento. Esta caravana es conducida directamente a Tijuana, por la vía más larga, hasta toparse con el muro. Pero no se puede dar el portazo. Y se endurece la postura de Estados Unidos.

En ese contexto, de alta complejidad política regional y tensión en los circuitos migratorios de tránsito, entra la administración de López Obrador y propone un nuevo paradigma, basado en el respeto a los derechos humanos y en la atención de las causas de la migración centroamericana. Y el gobierno encarga a la Cepal un plan de desarrollo integral, para Guatemala, Honduras y El Salvador, tres países en crisis, con inestabilidad política y cambio de gobierno.

En tanto, en diciembre se anuncia una caravana que partiría el 15 de enero. El gobierno se dispuso a aplicar una política de acogida, registro y visas humanitarias. Cerca de 11 mil caravaneros lograron obtener visas y se dispersaron por el territorio nacional y llegaron a la frontera norte. El flujo seguía siendo mayoritariamente hondureño, pero se reactivaron los flujos haitiano, cubano y extra-continental, que hacían su propia lectura, de mayores facilidades en el cruce. Se produjo el efecto llamada.

Así, se anuncia una primera concesión por parte de México, la aplicación unilateral de la disposición 235 que permite a Estados Unidos devolver a México a migrantes en tránsito que solicitaron asilo. Las razones, se dice, fueron humanitarias. Por otra parte, la retórica oficial insiste en que hay trabajo para todos, incluso para nuestros hermanos centroamericanos. Aunque el salario mínimo mexicano sea el peor de la región.

El 20 de marzo el yerno Jared Kushner llega a México, se reúne de manera subrepticia con AMLO y se insiste en el tema del control migratorio. Pero no hay ningún cambio significativo. Se mantiene la apuesta por atender las causas y aplicar el llamado modelo mexicano para contener la migración.

El 20 de mayo se anunció el plan de la Cepal que ofrecía soluciones para detonar el desarrollo regional. Propuestas de mediano y largo plazos, bastante obvias y conocidas, pero que dejan totalmente de lado el análisis político, geopolítico y coyuntural de la migración en tránsito. De hecho, la Cepal no puede opinar en este campo.

El 7 de junio, se desató la tormenta y se concreta la amenaza de imponer aranceles a todos los productos mexicanos y se fija un plazo de 45 días. Sólo en ese momento, se atiende la coyuntura y se modifica radicalmente la política migratoria. Durante los seis meses del gobierno de AMLO la migración había aumentado de manera exponencial, sin que hubiera un cambio significativo en las causas, que son las de siempre.

El único cambio relevante es la insurrección en Honduras, posterior a los acuerdos entre México y Estados Unidos. Pero esto también explica su repunte migratorio, que es fundamentalmente político y no económico. Gobierno corrupto y dictatorial, que tiene como aliado fundamental a Estados Unidos y ve con desconfianza a México.

Hay que entender, que no sólo operan las causas estructurales en el lugar de origen, también la política migratoria de los países de origen, tránsito y destino, operan como detonadores de nuevos flujos y provocan cambios en patrones migratorios.

No parece haber una lectura correcta, de las políticas migratorias a escala continental y regional y menos aún de sus consecuencias. El nuevo paradigma migratorio de la 4T atendió los aspectos humanitarios, pero descuidó la aplicación de ley migratoria mexicana e hizo caso omiso del análisis geopolítico y de sus consecuencias, que eran totalmente previsibles.