Luego de que en semanas recientes continuaran las amenazas y actos de hostigamiento en contra de opositores a la construcción de un parque eólico en la comunidad indígena de Unión Hidalgo, Oaxaca, organizaciones internacionales emitieron una acción urgente para advertir sobre los riesgos que corren los pobladores que rechazan dicho megaproyecto.

El Observatorio para la Protección de los Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos Humanos, advirtió que persisten una serie de amenazas y señalamientos estigmatizantes en contra de los habitantes de Unión Hidalgo que se resisten a la construcción del parque eólico Gunaa Sicarú, promovido por la empresa Électricité de France.

De acuerdo con el mencionado observatorio, dicho grupo de pobladores se encuentra en una situación exacerbada de riesgo, pues tanto la compañía francesa como las autoridades mexicanas han iniciado una campaña para señalarlos como opositores al progreso, pero también se ha producido una serie de amenazas directas en contra de los habitantes inconformes.

Elena Villafuerte, coordinadora del área de incidencia de la organización civil Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, detalló en entrevista con La Jornada que los actos de intimidación –dirigidos sobre todo a los miembros del comité de resistencia y la asamblea de comuneros de Unión Hidalgo– tienen lugar al mismo tiempo que los gobiernos estatal y federal insisten en llevar a cabo una consulta sobre el parque eólico, pero sin cumplir los estándares internacionales de este tipo de ejercicios.

El 10 de noviembre de 2018 y el 23 de marzo de 2019, recordó la activista, se llevaron a cabo asambleas bastante tensas, en medio de gritos, discusiones e incitaciones a la violencia. Hay un ambiente muy tenso ante las autoridades federales y de Oaxaca encargados de la consulta, porque no están brindado garantías mínimas ni tampoco tienen una posición neutral sobre el mencionado proyecto de generación de energía.

De un núcleo de defensores comunitarios, de 10 a 15 de ellos están en riesgo alto e inminente. Desde 2013, toda la comunidad es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, pero eso no se ha reflejado en la situación de los pobladores, alertó Villafuerte.