Combatir la imperante violencia en México contra periodistas y defensores de derechos humanos exige el combate a la impunidad, el mejoramiento de las condiciones de seguridad en el país y el reconocimiento por su labor. El Mecanismo Federal de Protección a estos gremios es una parte central para enfrentar esa problemática, pero no debe ser la única opción para garantizar su seguridad y labor.

Aarón Mastache, titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación –área de la que depende el mecanismo–, indica que esta instancia debe transformarse. Por eso, afirma que desde la llegada de la actual administración federal se trabaja en un análisis del funcionamiento, el cual incluye un diagnóstico que realiza la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), como La Jornada dio a conocer la semana pasada.

Para el funcionario, lo ideal es que no existiera un mecanismo de protección, pues eso querría decir que la violencia contra activistas y comunicadores se habría reducido, pero lejos de eso detalla que las solicitudes de ingreso cada día se incrementan.

En entrevista con este diario, Mastache indica que actualmente esa instancia de protección tiene 888 beneficiarios (573 defensores y 315 periodistas), cuenta con una plantilla de 70 empleados y un presupuesto para 2019 de 207 millones de pesos. Sin embargo, debido al incremento de solicitudes y beneficiarios se ha solicitado a la Secretaría de Hacienda 150 millones de pesos más para el actual ejercicio fiscal.

El nivel de criminalidad contra comunicadores y activistas (en lo que va de este año han sido asesinados siete y 11, respectivamente, de acuerdo con la ONU-DH) es un tema que preocupa mucho, es una desgracia. El problema atraviesa por varios fenómenos, uno es la inseguridad que enfrenta el país y otro la alta tasa de impunidad, que es de alrededor de 97 por ciento. Es algo que debemos mejorar y debemos hacerlo de manera conjunta. El mecanismo no puede hacerlo solo. La violencia contra estos gremios vulnera los derechos y la democracia.

Mastache señala que para el gobierno federal la protección a periodistas es una de las prioridades, por lo que existe un compromiso de que las recomendaciones que la ONU-DH entregue el próximo mes serán aplicadas para que a finales de este año puedan comenzar los cambios.

La apuesta es que el diagnóstico de la ONU-DH nos dé elementos para poder ser mejores y brindar una mejor protección. Confiamos que sus señalamientos sean específicos, que nos digan en qué áreas mejorar, cómo y si se necesita más personal en ciertas áreas o mayor presupuesto e incluso que nos den el monto.

De entrada, el funcionario ha identificado deficiencias que deben ser superadas: un mejor proceso de incorporación, análisis de las solicitudes y riesgos, identificar a activistas y periodistas que puedan estar en peligro, mayor coordinación con las autoridades estatales para brindar mayor protección, mejorar las condiciones de algunos beneficiarios, incorporar la perspectiva de género e intercultural, verificar la pertinencia de las herramientas tecnológicas, incrementar personal en algunas áreas y un proceso gradual de sustitución de escoltas privadas por las de la Policía Federal.