Tijuana, BC., El gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, denunció ayer que la actual administración, a cargo del panista Francisco Vega de Lamadrid, le heredó una restructuración de la deuda pública que deja en garantía 21 por ciento de las participaciones federales de Baja California.

Por ello, exhortó a los bancos y otras instituciones financieras a que no participen en la convocatoria REF/001/2019 lanzada por Vega de la Madrid para contratar un financiamiento por 8 mil 433 millones 257 mil 599 pesos con la finalidad de refinanciar pasivos del gobierno estatal.

Nos quieren amarrar las manos, poner obstáculos; insisten en saquear al estado, sostuvo Bonilla Valdez, y detalló que Vega pretendía pagar a intermediarios 2.5 por ciento del monto refinanciado, es decir, unos 210 millones de pesos de comisión, aunque la redujo a 1.1 por ciento ante la presión de un grupo de empresarios.

En conferencia de prensa, el próximo gobernador llamó a los bancos convocados para reunirse este martes para la presentación y apertura de propuestas a no hacerlo y esperar a principios de 2020.

El pasado 28 de marzo el Congreso local aprobó la solicitud del Ejecutivo estatal para contratar financiamiento por 12 mil 500 millones de pesos para refinanciar la deuda de corto plazo del gobierno; sin embargo, ante el señalamiento del sector empresarial de que estaban incluyendo en la renegociación créditos cupón cero, en la convocatoria sólo se incluyeron 8 mil 433 millones de pesos.

En garantía, el gobierno de Vega pretende dejar 21 por ciento de las participaciones federales y lo que se recaude por medio de un nuevo impuesto y el incremento de otros dos.

El de nómina subiría de 0.63 a 1.33 por ciento; el de educación, de 35 a 45 por ciento, y se cobraría el llamado impuesto a la salud. Estos gravámenes se recaudarán en la expedición de licencias de conducir y en el emplacamiento vehicular.

Bonilla alertó a los bancos porque “tengo 10 días buscando a Kiko para decírselo y no me da oportunidad. Hemos estado atrás de él para iniciar el proceso de entrega y recepción. Él está comprando tiempo; quiere dejar firmado el contrato y heredarnos un problema”.

Advirtió que si a pesar de las objeciones que ha expuesto el refinanciamiento se concreta, el gobierno entrante hará una investigación a profundidad a todos los funcionarios y actores externos implicados y turnará el caso a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.