Por segunda ocasión en menos deuna semana, el juzgado cuartode distrito con sede en el estado de México negó una nueva suspensión definitiva con la que organizaciones sociales pretenden frenar la construcción del aeropuerto en Santa Lucía.

De acuerdo con el fallo, luego de realizar una inspección judicial en la base militar que ordenó el juzga-do para verificar el estado que guardan las obras, determinó que éstas no habían iniciado, por ello rechazó la suspensión definitiva.

Sin embargo, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles no podrá iniciar porque los juzgados cuarto y octavo de distrito del estado de México otorgaron otras dos suspensiones definitivas, pero los afectos al cambio no se precisaron.

Uno de los recursos reconoce que el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco (NAIM), tiene un avance y un importante valor económico y si se destruye necesariamente implicaría la pérdida de recursos públicos, sin que su cancelación esté hasta hoy sustentada y justificada, por lo que ordena a las autoridades abstenerse de demoler o inundar las obras ya realizadas.

Asimismo, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México otorgó otra suspensión provisional. Con este recurso el colectivo #NoMásDerroches ha obtenido ya nueve resoluciones judiciales favorables en este asunto.

La medida cautelar del Colegiado también ordena que se mantengan las obras del NAIM y se lleven a cabo acciones conducentes para su conservación, pues si no se les da el mantenimiento adecuado podrían dañarse estructuras y cimientos existentes. Entre los argumentos dijo que el aeropuerto Felipe Ángeles dañaría el área natural protegida de la Laguna de Zumpango, que abarca fracciones de nueve municipios, y al Parque Estatal Sierra Hermosa en Tecámac.

La resolución del tribunal mandata no construir el aeropuerto hasta que sea factible verificar que la obra cuenta con los dictámenes y permisos ambientales.

Estas resoluciones fueron obtenidas con motivo de los 147 juicios de amparo que #NoMásDerroches presentó con el fin de que el Poder Judicial de la Federación revise la legalidad y constitucionalidad tanto de la cancelación del NAIM como del proyecto del Santa Lucía.