unos días de celebrar su triunfo electoral de un año atrás, Andrés Manuel López Obrador mantiene lo esencial de su capital político: la esperanza mayoritaria en un cambio absolutamente necesario, impostergable.

Parecería improbable que un año después de aquella apabullante victoria múltiple en las urnas, el mismo político líder mantuviera una aceptación popular tan alta e incluso creciente, conforme a los métodos demoscópicos ahora acríticamente aceptados. En términos numéricos se sostiene en lo alto, aunque es evidente que implica un desgaste el mantener un año de virtual ejercicio de poder presidencial (apenas dos días después de la elección ya había tomado el control virtual del país, lo que se formalizó el pasado uno de diciembre con su toma formal de posesión).

Sin embargo, y a pesar de esa aritmética tan favorable, la oposición de élite al obradorismo ha ido nucléandose (no en los partidos no morenistas, sino en las instancias empresariales y financieras) y habilitando banderas de lucha (particularmente, los señalamientos de dañina impericia económica del actual gobierno: los recortes, las restricciones, la incertidumbre). Puede ser que hoy los números demoscópicos no se estén moviendo de manera grave en contra del Presidente hiperactivo, pero no se puede negar que hay una estrategia en curso que puede bajar los grados de aceptación del tabasqueño entre el segmento amplio de votantes que lo apoyaron y apoyan, pero no en términos absolutos ni irrevocables.

Tal vez la clave del sostenido respaldo a López Obrador y de la enorme incapacidad de los opositores para bajarle puntos de popularidad resida en la misma causa del enorme triunfo electoral que se conmemorará en el Zócalo capitalino el próximo lunes: la corrupción gubernamental anterior y la disfuncionalidad criminal de las instituciones heredadas fueron tan groseras y lesivas para los ciudadanos que estos prefieren sobrellevar los errores e insuficiencias de la actual administración porque consideran que no pueden ser tan graves como la podredumbre previa y porque, a fin de cuentas, otorgan un bono de confianza a los actuales operadores (en específico, al mando unipersonal que pronto vivirá ya de planta en Palacio Nacional) y no aceptan que pueda haber un cambio a los esquemas anteriores.

Lo menos aburrido de la (nueva) farsa electoral priísta ha sido la exclusión del ex gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz Ortiz (le habría faltado cumplir algunos requisitos, y por ello se le dejó fuera de la contienda, aunque faltaría ver si el rechazado recurre ante el tribunal electoral). Solo fueron autorizados a participar en la elección de nuevo dirigente nacional del partido tricolor tres de los aspirantes: Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán que se ha especializado en inscribirse en procesos con triunfador predeterminado y aparentar oposición interna; la veracruzana Lorena Piñón, cuya mayor ganancia es asomarse a este escaparate, y el predeterminado Alejandro Moreno, a quien han seleccionado previamente los mandatarios estatales priístas que sustituyen el dedo presidencial cuando el nonagenario partido no está en la silla principal de Palacio Nacional.

En otro tema: la realización durante cuarenta y cinco días de campañas de farsantería terminará por confirmar al respetable público que el partido antaño dominante cumple ahora un papel tragicómico. Nadie cree ni creerá que se produzca una pizca de competencia real, más allá de lo retórico, cuando los poderes de los gobernadores se han decantado por el mencionado Alejandro Moreno, virtual candidato de lo que queda de oficialismo priísta.

Moreno ha pedido licencia a la gubernatura de Campeche y, según sus adversarios, como la yucateca Ortega, y otras evidencias, cuenta con el beneplácito de los poderes morenistas ahora hegemónicos. Apodado Alito, ahora sería A(m)lito, como referencia a los entendimientos con que el partido dominante busca pavimentarse caminos durante lo que queda del sexenio andresino y, a su vez, el priísmo busca mantenerse con vida artificial y en espera de algún prodigio de resurrección.