e acuerdo con información del presidente López Obrador, la estrategia gubernamental de combate al huachicoleo ha permitido que en unos cuantos meses el robo de combustible registre una caída mayor a 80 por ciento, con respecto a los niveles observados al cierre de la administración peñanietista, comenzando con el directamente sustraído de las propias instalaciones de Petróleos Mexicanos.

Cierto es que en un comienzo dicha estrategia provocó desbasto de combustible en algunas zonas de la República –especialmente en aquellas en las que los huachicoleros habían sentado sus reales–, pero el problema se corrigió en alrededor de dos semanas.

El robo de combustible creció de forma exponencial en los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, hasta llegar a representar pérdidas anuales por alrededor de 60 mil millones de pesos. Como en tantos otros problemas nacionales, los tres tristes ex presidentes no dieron una en materia de combate al huachicoleo, aunque no pocos creen que en realidad dicha práctica era parte de los jugosos negocios que hacían a costillas de la nación.

Será el sereno, pero el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) levantó una encuesta sobre el particular, fechada el presente mes, y entre sus resultados destacan los siguientes:

Cuarenta y siete por ciento de las menciones se refiere a Puebla como el estado de la República donde existe robo de combustibles; 44 por ciento cita a Guanajuato, 38 alude a la Ciudad de México, 32 señala al estado de Veracruz, 29 a Jalisco, 27 a Hidalgo, 24 a Michoacán y 10 a Tamaulipas, entre las principales.

Por otra parte, 79.1 por ciento de los encuestados cree que los dueños de gasolineras están involucrados con los grupos que realizan el robo de combustible, 10.1 por ciento no lo cree, y 10.8 por ciento no sabe. Entre las principales razones por las que los encuestados creen que los dueños venden combustible robado, destacan: corrupción (34.1 por ciento del total), porque es más económico (22.7), porque lo permiten las autoridades (16.3), por estar coludidos (14.1), porque son obligados (5.6), porque no saben que es robado (3.1) y el resto no responde.

Otros resultados señalan que el 34.3 por ciento de los entrevistados opina que la corrupción es la principal razón del incremento exponencial de las tomas clandestinas en México durante los dos gobiernos panistas y el último priísta; 14.6 por ciento cree que es producto de la incompetencia de las autoridades; 8 por ciento por obtener dinero fácil; 7 por ciento cree que es por falta de oportunidades; 5.3 por ciento porque hay demanda de combustible robado; 5.1 por ciento dada la falta de vigilancia en los ductos, y el resto va desde la impunidad y el alza de precios decretada por los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, hasta la participación del crimen organizado, la pérdida de valores, la privatización del sector energético, la inseguridad, el incremento del tipo de cambio, la escasez de gasolina y la desestabilización del gobierno.

Al mismo tiempo, 80 por ciento de los encuestados cree que los huachicoleros están protegidos por las comunidades; 83 por ciento manifiesta que el sindicato de Petróleos Mexicanos está coludido con los huachicoleros, y 86.3 por ciento considera que los altos funcionarios de Pemex están involucrados con los huachicoleros; 79.8 por ciento manifiesta que la policía es parte de la organización.

De los consultados, 87.9 por ciento manifiesta que deben cancelar definitivamente las licencias de distribución y funcionamiento a las gasolineras que vendan combustible robado; 85 por ciento cree que los dueños de las gasolineras que sean descubiertas vendiendo combustible robado merecen ir a la cárcel; y 75.8 por ciento afirma que las estrategias y acciones del gobierno federal para combatir a los huachicoleros han sido adecuadas.

Las rebanadas del pastel

Aprobado está el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Bien, solo falta que selleve al terreno de los hechos, porque los seis gobiernos anteriores ni lejanamente pasaron por allí.

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